Ana Calderón Sumarriva

La paralización del sistema de justicia nacional por la emergencia sanitaria de la covid-19 y la lenta recuperación de las actividades presenciales ha sumado algo más de tiempo a la duración de los procesos penales que aún con las reformas tendientes a alcanzar una pronta justicia no logran tener una duración razonable.

Tuve la oportunidad de observar una audiencia de juzgamiento en Chile. Se juzgaba a un padre a quien se le imputaba la muerte de su hijo, esto es, se le atribuía el delito de parricidio, una de las figuras penales de mayor reprochabilidad porque precisamente implica dejar de lado el vínculo más importante que puede tener un ser humano.

Cuando la prisión preventiva se creó como medida cautelar existía la necesidad de asegurar la presencia del sujeto en el proceso penal tanto para la actividad probatoria como para la ejecución de las futuras consecuencias penales.

Una visión seria y dinámica del derecho supone concebir la existencia de un conjunto de principios que deben ser desarrollados a través de normas compatibles y que tienden a su optimización. Pero también el reconocimiento de que existen fines a los que progresivamente nos debemos acercar y que en este decurso o desarrollo surgirán y se afianzarán algunos obstáculos.

Hace dos meses presenté una demanda de amparo que hasta la fecha no tiene respuesta sobre su admisibilidad o procedencia. Sin embargo, es de conocimiento público que determinadas personas con “notoriedad” han presentado amparos que sí han sido tramitados y resueltos respetando los plazos y condiciones previstos para este proceso constitucional.

El reciente derrame de petróleo en las costas de Ventanilla ha pasado a incrementar las estadísticas de contaminación ambiental en el Perú.

En el año 2021 se registraron en el Perú 5,904 casos de mujeres desaparecidas entre niñas, adolescentes y mujeres adultas. De esta cifra el 66% corresponde a niñas y adolescentes, siendo Arequipa, Callao, Cusco, Lambayeque, La Libertad y Lima los lugares que registran el mayor número de casos.

En el siglo XIX el médico alemán Rudolf Karl Virchow -pionero de la patología moderna- sostuvo que el término metástasis se refería a aquel proceso en el que las células malignas migran o cambian de ubicación, siendo en estos casos en los que se presentan los resultados fatales.

Uno de los estándares supranacionales que debe respetarse para desarrollar un debido proceso penal es el derecho que tienen los imputados de conocer los “cargos” que se formulan en su contra.

Cada 28 de diciembre se rememora el “Día de los Santos Inocentes”. Es una fecha en la que se conmemora un episodio hagiográfico del cristianismo: la ejecución de los niños menores de dos años nacidos en Belén ordenada por el rey Herodes I con el fin de no perder poder ante la llegada del Mesías, el recién nacido Jesús de Nazareth.

Cuando cierto tipo de prácticas “legales” se convierten en costumbres o hábitos perniciosos no debe causar asombro que tiendan a normalizarse aun cuando puedan poner en riesgo las bases de un Estado constitucional.

La digitalización y el incremento del uso de las nuevas tecnologías de información y conocimiento en las actividades cotidianas de diversa índole (educativas, laborales, sociales, comerciales) también ha traído consigo nuevas formas de criminalidad consideradas en nuestro país como delitos informáticos.

Entre las nuevas circunstancias agravantes de los delitos contra la Administración Pública de acuerdo con la Ley No. 31178, vigente desde el 9 de abril de 2021, llama la atención que además de la presencia de organizaciones criminales se han incluido las situaciones de calamidad pública o emergencia sanitaria que son aprovechadas por el agente del delito.

Un caso que llamó la atención en el ámbito jurídico nacional fue el de una menor de edad que había sido víctima de violación sexual y cuya madre había solicitado por tercera vez el reconocimiento médico legal para su hija. Aparentemente, el reconocimiento solicitado tenía por finalidad proteger la integridad de la menor, pues su madre iba a ceder la custodia de aquella a su madrina.

Uno de los avances en el derecho peruano ha sido el reconocimiento normativo de diversas formas de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar y la inclusión de algunos tipos de violencia que inicialmente no fueron considerados. Tal es el caso, por ejemplo, de la violencia de carácter psicológico, así como también la de tipo económico o patrimonial.

Dentro del marco de la emergencia sanitaria por la covid-19 y la declaración del estado de cosas inconstitucional en el Perú por causa del hacinamiento penitenciario y la precariedad de los establecimientos penales en el país, mediante el Decreto Legislativo No. 1513, concretamente el artículo 3º de esta norma, se dispuso la revisión de oficio de las prisiones preventivas.

En las últimas semanas la publicación de una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional que recayó en el Expediente No. 0413-2021-PHC/TC causó sorpresa.

En el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos el derecho a la protesta se deriva del artículo 15° de la Convención Americana que consagra el derecho de reunión.