Inacción estatal ante el incremento de las desapariciones de mujeres
En el año 2021 se registraron en el Perú 5,904 casos de mujeres desaparecidas entre niñas, adolescentes y mujeres adultas. De esta cifra el 66% corresponde a niñas y adolescentes, siendo Arequipa, Callao, Cusco, Lambayeque, La Libertad y Lima los lugares que registran el mayor número de casos. Si bien en ese año se reportaron 146 casos de feminicidios, inquieta el destino del resto de mujeres desaparecidas.
El destino de las mujeres desaparecidas puede ser diverso si se considera que pueden haber sido víctimas de violencia física o sexual con resultados fatales dentro de su propio hogar o en su comunidad. Pero también víctimas de actividades criminales más sofisticadas y de mayor alcance, como el comercio humano con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos y tejidos. Una de las mayores responsabilidades del Estado reside en no adoptar medidas efectivas frente a estos hechos que tienden a aumentar ante los escasos esfuerzos que se realizan para combatirlos. Por ello, urge dejar de lado esta inacción y con urgencia implementar los protocolos de búsqueda para aquellos casos de violencia de género o los protocolos de detección e identificación en centros de salud para tales casos. No se puede mantener más esa quietud casi de indiferencia ante una realidad que exige una intensa dinámica del actuar estatal.
Si bien se dio un paso importante con la dación de la Ley No. 30364, que hasta permite la adopción de medidas de protección sin traslado al denunciado, por la necesidad de prevenir y responder a las demandas de neutralizar los riesgos, aún no se observan resultados tangibles. Esto se debe principalmente a la imposibilidad de dar una respuesta inmediata al pedido de protección y a la ausencia de un seguimiento efectivo de cumplimiento de las medidas adoptadas. Con una política de protección ex post y represión de las conductas violentas parece que no se han logrado resultados efectivos debido a que se dejó de lado la preparación y acompañamiento a las víctimas, quienes al no someterse a los exámenes médicos y psicológicos exigidos ni acudir a las terapias contribuyen a que el sistema no opere. Esto sin contar que ellas mismas mantienen el círculo de la violencia al quebrantar las medidas restrictivas impuestas para acercarse o buscar un contacto con sus agresores.
La implementación de un protocolo especial de búsqueda de mujeres desaparecidas debería permitir que los familiares obtengan una respuesta inmediata de la autoridad ante la denuncia de desaparición, acciones inmediatas que importen registros domiciliarios, acceso se comunicaciones y geolocalización. Del mismo modo, un protocolo de detección temprana de la violencia en los centros de salud que permita identificar casos que inclusive puedan estar iniciando el ciclo de violencia. La inacción también implica responsabilidad, más aún cuando se han creado tantas instituciones que deben adoptar, estudiar, proponer e implementar medidas más efectivas en relación con este complejo problema.
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