Forzados a dar un voto de confianza
Por enésima vez en la historia bicentenaria de la República, el gobierno navega a la deriva. La lógica nos diría que deberíamos estar en la oposición; sin embargo, estamos obligados a dar un ciego voto de confianza porque lo que está en juego no es el cargo de Jerí, sino la supervivencia del estado de derecho y el orden constitucional.
La semana pasada, desde esta columna, invocamos a la prudencia para no provocar un peligroso estallido social, pero por razones todavía no claras dos organizaciones democráticas precipitaron los hechos: Fuerza Popular y Renovación Popular. Coincidieron en el pedido de vacancia con la izquierda marxista, al punto que se logró una mayoría inédita en las votaciones y Dina Boluarte fue destituida de manera exprés, con imputaciones abundantes pero con fundamentos constitucionales polémicos, porque hay gran diferencia entre la incompetencia en el ejercicio del poder y la incapacidad moral permanente.
En fin, el tema queda para el análisis académico y lo concreto es que, por angurria partidaria, se ha sumido al país en una crisis brutal apenas seis meses antes de las elecciones generales.
Según el orden constitucional, por su condición de cabeza de la Mesa Directiva del Congreso, ha asumido el despacho presidencial José Jerí, un político bisoño que llegó al cargo como accesitario del delincuente Vizcarra, por un partido insignificante llamado Somos Perú. Si los congresistas hubiesen querido mirar con perspectiva, hubieran podido buscar una fórmula diferente como en 2020, pero no, han apostado por lo que tenemos ahora: un régimen de transición tan frágil que hasta el momento no ha podido armar Gabinete Ministerial.
Eso es a lo que los demócratas nos vemos obligados a darle un voto de confianza, porque la alternativa es terrible. Los titiriteros de la mal llamada Generación Z, es decir, los caviares y la izquierda subversiva, chantajean a 34 millones de peruanos con desatar la barbarie. Para mañana miércoles amenazan con violencia extrema y están publicando pronunciamientos anónimos en los que claman el absurdo total: que se vayan todos y se adelanten elecciones (sic). Literalmente, un golpe de masas y atentados como los frustrados contra Butters en Puno y López Aliaga en Lima.
A Jerí, entonces, tenemos que apuntalarlo y, de ser necesario, tendremos que apostar por un régimen de excepción cívico-militar para frenar con extrema energía el desborde del populacho. No queda de otra, el riesgo es que aborten los comicios generales del 2026.
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