Ciudadanos sin acceso a la justicia

Hace dos meses presenté una demanda de amparo que hasta la fecha no tiene respuesta sobre su admisibilidad o procedencia. Sin embargo, es de conocimiento público que determinadas personas con “notoriedad” han presentado amparos que sí han sido tramitados y resueltos respetando los plazos y condiciones previstos para este proceso constitucional. Nuestra experiencia nos ha permitido detectar varios defectos del sistema de justicia nacional que en la literatura jurídica no se señalan (por miedo o vergüenza) y que posiblemente los estudiantes y nuevos profesionales del derecho ni se imaginan. Así, en la práctica tenemos un sistema de justicia expeditivo y eficaz para “unos”, así como lento e ineficaz para “otros”. Los defectos de este sistema se atribuyen regularmente a las normas o al presupuesto, pero no a quienes tienen esa enorme responsabilidad de administrar justicia. Con la agravante de que estas personas no cumplen con el perfil requerido. Ni en la forma ni en el fondo.

Una demanda presentada sobre la que no existe respuesta no es otra cosa que la negación de acceso a la justicia. Tal situación mantiene al accionante en un estado de incertidumbre en relación al derecho que reclama. ¿Acaso existe una política invisible de selectividad? La llegada de la pandemia ha intensificado este problema: no solo se admiten demandas que carecen de una adecuada evaluación para ello, sino hasta se ha prescindido de las formalidades mínimas para su trámite, como es el caso de la atención y las entrevistas requeridas.

La desatención descrita trae consigo la interrogante de si aún existe respeto al ciudadano, puesto que dicho estatus jurídico conlleva expectativas en relación al Estado con el que se tiene un vínculo que genera derechos y obligaciones recíprocas. Y justamente todos los miembros de una comunidad deben tener el mismo trato, base de un Estado llamado “constitucional y democrático”. En el caso que nos compete no solo se advierte una negativa de acceso a la justicia por causa de algún prejuicio o estereotipo, sino también una absoluta falta de diligencia para atender los problemas masivos y comunes, además de una atención notoria y especial de problemas individuales y especiales según de quién se trate.

La ciudadanía permite el ejercicio de derechos. Este ejercicio puede suponer acudir a un proceso judicial para que pretensiones muy simples desde el punto de vista de terceros, pero urgentes para quien las requiere, puedan verse satisfechas. No encontrar una respuesta por parte de las autoridades significa despojar al ciudadano de ese estatus civil y político especial, además de convertirse en un punto de partida para otros males que aquejan a la comunidad, como la indiferencia y desapego con los problemas del otro, así como la desconfianza en las instituciones y en quienes ejercen autoridad. La justicia es una expectativa ciudadana fundamental, tal como lo es la seguridad o estabilidad jurídica o la económica.

Un sistema de justicia que no puede atender las demandas de los ciudadanos está colapsado o ha perdido el norte de su misión. En cualquiera de los casos, la ausencia de una tutela jurisdiccional efectiva pone en juego la democracia y se arriesga la vigencia del Estado constitucional de derecho.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.