Elizabeth Zea Marquina

Empezaré afirmando que detrás del cáncer de la corrupción se esconde el rostro de un peruano afectado en el ejercicio de sus derechos por lo que su impacto no debe reducirse a pérdidas económicas en perjuicio del Estado sino en una vulneración directa al derecho a la vida digna.

No hay duda que la ingobernabilidad que hoy enfrentamos se debe, en parte, a las reformas políticas que quedaron pendientes. La falta de desarrollo constitucional de mecanismos como la vacancia presidencial por incapacidad moral, la reelección parlamentaria, y por supuesto, la cuestión de confianza, una vez más, nos pasa la misma película que vivimos en el 2020.

Hoy en día, la indignación de la población se ha incrementado. Más allá de lo que puedan decir las encuestas que arrojan altos porcentajes de desaprobación tanto para el Congreso como para el Gobierno, hoy la temperatura más realista de la situación política, la más cercana al ciudadano, la medimos en las redes sociales, en las sobremesas familiares, en los mercados ante el alza de productos.

Próximos a celebrar el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, un hecho muy triste no puede pasar desapercibido: el presunto intento de suicidio de una menor de edad tras caer del edificio de su centro educativo en el distrito de Salamanca.

En la literatura jurídica, el derecho a la verdad es una definición mayormente ligada al deber estatal de proporcionar información relativa a la violación de los derechos humanos. A nivel de cortes internacionales se ha invocado para garantizar el acceso a la justicia de los familiares y de las víctimas en casos de crímenes de lesa humanidad.

Esta semana la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo abrió nuevamente la discusión sobre las diversas alternativas constitucionales para salir de la crisis política que vivimos.

El Presupuesto General de la República es la herramienta de ejecución de la política económica estatal.

Dos hechos llamaron mi atención esta semana. La primera, una educadora de trayectoria impecable fue objeto de burlas ciertamente misóginas en Twitter enfocadas en su decisión de ser madre de 9 hijos, pretendiendo así descalificar su opinión política.

Estamos a una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y los motores de la carrera electoral parecen recién encenderse según las encuestas. Llama la atención la poca importancia que los medios de comunicación le han dado a la difusión de los planes de gobierno y a los perfiles de los candidatos.

En el 2016, el mundo se estremeció ante la noticia de un caso de abuso sexual grupal de 5 hombres a una mujer en Pamplona, España, cuya sentencia fue revocada y reformada por el Tribunal Supremo en junio de 2019, calificando los hechos como delito continuado de violación.

En materia de igualdad y no discriminación se suele escribir casi siempre a favor de las mujeres, dando por hecho que los hombres tienen un trato favorable ante la ley, en todos los ámbitos.

Nos quejamos de la corrupción, de la incapacidad de nuestras autoridades y cuando se vuelve insostenible, creemos que un proceso de vacancia o elecciones generales pondrá punto final a la ingobernabilidad. Creemos que eligiendo nuevas autoridades se acabará la inestabilidad política. ¿Así es en la realidad?

A partir de la Constitución de 1993 se dio inicio a la participación activa de la iniciativa privada en sectores donde el Estado no llegaba en razón a su limitada capacidad. Esta participación se da bajo los principios de libertad y promoción de la igualdad material con la presencia de un Estado promotor, orientador y vigilante.

El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. Son múltiples las adversidades que afrontan las familias para darles tratamiento y calidad de vida a los pacientes, porque no reciben una oportuna atención por parte del gobierno y de los sectores involucrados, se enfrentan a la indolencia de un sistema de salud colapsado.

Margarita es una madre de 68 años al cuidado de su hijo que padece una discapacidad severa. Ambos sobreviven en un asentamiento humano, allá donde el Estado les niega su derecho a servicios básicos, en un cerrito olvidado que Margarita aprendió a bajar con Maximiliano en su silla de ruedas para poder vender los mantelitos bordados con la poca vista que le queda.

En nuestro país, somos 16 millones 898 mil mujeres, el 49.9% de la población total. A pesar de nuestro esfuerzo por seguir conquistando espacios gracias a nuestras capacidades, los puestos de decisión y de representación en el espacio público siguen siendo un reto para las mujeres. En el Congreso no llegamos a ser 65 a pesar de contar con la llave de la paridad y la alternancia.

La elección de la Mesa Directiva ha sido un diagnóstico claro de lo que adolece nuestra representación nacional: dificultad para generar consensos debido a la fragmentación de las fuerzas políticas que imposibilita una votación mayoritaria en los asuntos más importantes que aún se encuentran en agenda y que peligran, pues dependen solamente de la velocidad en que acomoden las fichas.

En el juego de ajedrez, el rey es la pieza más importante pero es la reina la más poderosa. Ella, a diferencia del rey, puede moverse de forma ilimitada en el tablero, de protectora pasa con facilidad a su rol de atacante. Pero, lo que no puede hacer la dama, es saltar al rey, a sus piezas aliadas o a sus adversarias.