La solución no es un taller de género
En nuestro país, somos 16 millones 898 mil mujeres, el 49.9% de la población total. A pesar de nuestro esfuerzo por seguir conquistando espacios gracias a nuestras capacidades, los puestos de decisión y de representación en el espacio público siguen siendo un reto para las mujeres. En el Congreso no llegamos a ser 65 a pesar de contar con la llave de la paridad y la alternancia. Ni hablar del Ejecutivo que de 19 carteras ministeriales solo 3 son ocupadas por mujeres, de las cuales solo una tiene experiencia profesional en su sector.
Nuestra participación en el servicio civil está condicionada a las mismas estrategias que no logran superar barreras estructurales como la brecha salarial. Según el Informe “la mujer en el servicio civil peruano 2021” elaborado por SERVIR el número de servidoras públicas ha aumentado de 43% a 47% entre el 2004 y el 2019, es decir solo un 3%. Sin embargo, a pesar de que un 77% de servidoras cuenta con educación superior completa la reducción de la brecha salarial es mínima por cuanto el ingreso promedio se incrementó a 2,238 soles, aún menor que el de los varones con 2,514 soles.
Pero quizás la barrera más difícil de superar en el espacio público es la violencia que, cuando toma la forma de acoso sexual, se torna invisible. Las mujeres acosadas en sus centros laborales tienen temor de denunciar, por el miedo a perder su trabajo o las oportunidades de ascenso o las pocas posibilidades de lograr probar el acoso del que son víctimas. Las miradas lascivas, los tocamientos indebidos, las insinuaciones sexuales que no consten en un video o por escrito no son valorados adecuadamente en el procedimiento administrativo de sanción conforme a las normas de SERVIR.
Y si el agresor es un congresista o un ministro de Estado, la sanción política del desafuero en aplicación del reglamento del Congreso depende de una suma de votos más que de una valoración jurídica del caso a pesar de que hablamos de los delitos de acoso sexual o incluso de violación. La falsa creencia que hay que esperar la investigación fiscal y la sentencia de un juez para sancionar a un congresista agresor desnaturaliza el espíritu de la Ley 30364 y tira abajo toda política de prevención de la violencia contra la mujer.
Hoy con el Decreto Supremo Nº010- 2022 impulsado por el MIMP insiste en que la respuesta son los talleres de enfoque de género (EG) obligatorios a todas las entidades públicas, cuando desde la ley de Igualdad de Oportunidades del 2007 se han brindado capacitaciones y consultorías para transversalizar el EG. Campañas de mandiles rosados, conferencias, capacitaciones que le significan millones de soles al Estado y que carecen de un monitorio de resultados obtenidos. Mientras, seguiremos “educando” a acosadores y violadores cuyas agresiones son pasadas por agua tibia sin una sanción que se aplique de forma ejemplar y oportuna.
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