Nuestro derecho a la verdad y la Carta Democrática
En la literatura jurídica, el derecho a la verdad es una definición mayormente ligada al deber estatal de proporcionar información relativa a la violación de los derechos humanos. A nivel de cortes internacionales se ha invocado para garantizar el acceso a la justicia de los familiares y de las víctimas en casos de crímenes de lesa humanidad. Consiste en poder conocer los hechos denunciados, lo que en realidad sucedió, las medidas que se tomaron, como parte de la necesidad natural de calmar las dudas alrededor de la circunstancia dolorosa que refuerza el deber de combatir la impunidad y evitar que se repita. Saber la verdad, es estar informado.
En este sentido, el derecho a la verdad está íntimamente conectado con el derecho de acceso a la información pública, el cual se vincula al deber de transparencia de todos los funcionarios y servidores públicos. En el expediente Nº 0959-2004-HD/TC, el Tribunal Constitucional desarrolló el derecho de acceso oportuno a la información y su vinculación con el derecho a la verdad. El caso concreto trataba del deber de informar la relación de gastos incurridos en los viajes del expresidente Alejandro Toledo en concordancia con los principios de publicidad y transparencia. En esa línea y aplicado a la situación de Pedro Castillo, los peruanos tenemos derecho a conocer la verdad tras los casos de corrupción en los que se encuentra involucrado, siendo imprescindible la labor de la prensa.
Y es que conforme lo establece la Carta Democrática, la transparencia en los actos de gobierno y la libertad de expresión, entre otros, son componentes de la democracia. Sin embargo, Castillo ha apelado a su derecho a guardar silencio en las diligencias fiscales y ha obstaculizado, en más de una oportunidad, la labor de la prensa, las cuales son actitudes inconsistentes con su pretensión de invocar la activación del mencionado instrumento interamericano por una supuesta amenaza a la institucionalidad democrática.
La pretensión es clara: tratar de detener las investigaciones fiscales y poner trabas a los procesos políticos de vacancia y acusación constitucional iniciados en el fuero congresal, lo cual es totalmente contrario al espíritu de la carta democrática y a los convenios de lucha contra la corrupción suscritos por el Perú. Por otro lado, la visita de la delegación designada por el Consejo Permanente de la OEA permitirá al Congreso y al Ministerio Público dar cuenta de sus acciones apegadas a la Constitución que el gobierno ha omitido mencionar. Es una oportunidad para validar ante el mundo nuestro derecho a la verdad.
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