Mariella Balbi

La versión que el premier operó con la fiscal Marita Barreto y el policía Harvey Colchado para defenestrar a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides tiene verosimilitud y por ende es alarmante. Barreto quería tumbarse a Benavides porque la iba a sacar del equipo contra la corrupción: Eficcop. Para ello debían ‘ajustar’ al exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, ‘el Filósofo’.

La fiscal provincial Marita Barreto declaró que no investiga a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque no le corresponde según ley. Pero Barreto –siempre de sinuoso accionar– no explica por qué la foto de Benavides encabeza el organigrama de una descabellada organización criminal, jefaturándola.

La investigación de la fiscal Marita Barreto, asesorada por el oscuro coronel Harvey Colchado, que imputa a la Fiscal de la Nación (FN) Patricia Benavides dirigir una organización criminal, resultó siendo un fiasco. Según Barreto la ‘orga’ la conforman Benavides y tres asesores, bien ‘rascuacha’ para ser una mafia organizada. Además, las acusaciones contra la supuesta banda son falsas.

Probablemente la atribulada ciudadanía esté ajena a la convocatoria de Sendero Luminoso-Movadef-Fenatep de un paro el 7 y 8 de diciembre próximo. El objetivo es traerse abajo al régimen de Boluarte. Ante representantes del gobierno regional de Apurímac la Presidenta declaró recientemente en Palacio que la violencia de fines del año pasado e inicios del presente, no sirvió de nada.

Antesala previa, noticia reciente de un diario nacional: En Puno, “desnudo y atado a un poste de alumbrado público murió linchado el presunto delincuente Fermín Velásquez”. Estremecedor. Puno, junto con Apurímac y el sur andino viven sin ley. Desde la subversión hasta la delincuencia están en su vergel.

Ni Boluarte, ni el Ejecutivo han ponderado en su real dimensión la captura de una célula terrorista en Trujillo que adoctrinaba a niños en la ideología senderista a través de la ONG Voluntad Transformadora. La sociedad tampoco se ha afectado, está agobiada por la delincuencia común.

Desde que apareció el terrorismo asesino de Sendero Luminoso y el MRTA, la sociedad peruana vive bajo el manto de la violencia. Luego, ya hace un tiempo, la delincuencia se instaló como una pandemia entre nosotros, hoy potenciada por las bandas venezolanas instaladas cómodamente en nuestro país. Los malos gobernantes como PPK hasta Castillo no tuvieron filtro con la migración venezolana.

La delincuencia nos sobrepasó y se convirtió en una verdadera pesadilla cotidiana de la cual no podemos salir. El robo de celulares, que viene de antaño, llega a los 5000 diarios, 200 cada hora. Las autoridades, los técnicos, los comentaristas de todo pelaje no plantean una salida ingeniosa para combatir esta peste.

Cuando días atrás la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lanzó un comunicado abogando públicamente por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, acusada constitucionalmente por el Congreso, cruzó la línea de lo legal, politizándose. Entre sus funciones no figura salir en defensa de una funcionaria.

¿Qué es más vistoso como noticia? La participación de una congresista (joven, fachosa, fiestera, tercera vicepresidenta del Congreso) en una celebración que finalizó con un muerto en los exteriores del local de reunión. ¿O el derrumbe sistemático y grosero del caso Lava Jato a cargo de los fiscales Rafael Vela y José Pérez?

Lucho Giampietri fue un valiente de esos que hay pocos. Corajudo, luchador, inteligente, simpático y buen amigo. La personalidad de un militar, en este caso almirante, se asocia con un carácter rudo. Sin embargo, Giampietri era un hombre bondadoso, afable, sosegado, pese a que siempre vivió cerca de la violencia.

El CONULP (Comité Nacional Unificado de Lucha del Peru), organismo de fachada de Sendero, creado en las protestas de inicios de año contra el gobierno de Dina Boluarte, promotor de las sucesivas ‘tomas de Lima’, se ha dividido. Preparaba una toma de Lima para octubre. Probablemente la ruptura lo debilitará más. El sector caviar, hábil en divisiones, se quedó con las siglas originales.

El gobierno anunció con exceso de entusiasmo el estado de emergencia para los distritos de Sullana, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, con el objetivo de combatir mejor la criminalidad. El Perú, como otros países, ha caído en la plaga de la delincuencia sin poder conjurarla. Los parisinos viven agobiados con la drogadicción púber y con los problemas que conlleva.

El cuestionado presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas denunció amenazas de muerte en su contra ante la ideologizada CIDH, reino del progresismo. Nadie vio el parte policial o supo de ello, pero la CIDH consideró que el brulote de Salas era verdadero y lo pasó a la Corte IDH.

La desbordante delincuencia y la penosa situación económica son nuestras principales preocupaciones. Creceremos 1% este año, o sea, nada. El trabajo escasea, la informalidad aumenta y la pobreza, según pronósticos, subirá a 27%. Un tercio de los peruanos son pobres, la pasan mal. El gobierno de Dina Boluarte no encuentra un rumbo.

En junio de 2021, antes de que Pedro Castillo ocupara la presidencia del país, escuchamos este audio de Guillermo Bermejo: “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario”.

La Presidenta Dina Boluarte poco hace. No logra ejecutar gasto público donde el factor humano es importantísimo. Boluarte aún no limpia el Estado de los funcionarios de Pedro Castillo que trabajaron para la organización criminal del exmandatario. Carece de un equipo sólido, afiatado. Cierto que tiene nueve meses en el poder, pero los ciudadanos no ven nada que florezca.

En la campaña electoral municipal, el alcalde Rafael López Aliaga ofreció “expropiar” los peajes concesionados a la empresa Rutas de Lima por la Municipalidad de Lima, a cargo, en aquella época (2013) de Susana Villarán.