Ladrones y celadores
El gobierno anunció con exceso de entusiasmo el estado de emergencia para los distritos de Sullana, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, con el objetivo de combatir mejor la criminalidad. El Perú, como otros países, ha caído en la plaga de la delincuencia sin poder conjurarla. Los parisinos viven agobiados con la drogadicción púber y con los problemas que conlleva. En Estocolmo, Suecia, país de los derechos sociales, el hampa hace de las suyas. Así las cosas, este flagelo no es privativo de nuestro país.
Claro que en esas ciudades extranjeras no se declara estado de emergencia, aunque esa situación es costosa para la sociedad. En el Perú se pide desde hace mucho tiempo que las FF.AA. se involucren en el combate contra la delincuencia limeña, sin concretarse. Solo el gobierno de Humala aplicó sin éxito la emergencia en el Callao. Aldo Vásquez, actual miembro de la cuestionada JNJ, era ministro de Justicia. Aunque para luchar contra el crimen todo vale. El presidente de El Salvador ya dio la pauta y con éxito. Que en esos distritos mencionados las FF.AA. patrullen las calles puede resultar disuasivo, además de apoyar a la Policía. Queda claro que es esta quien comanda las acciones. Evidentemente, los militares no pueden detener, disparar, interrogar. Para eso están las fuerzas policiales.
En teoría la propuesta pinta bien. Pero, (siempre hay uno) esta implica necesariamente que haya un plan perfectamente diseñado para que sea exitoso. En los distritos mencionados hay toque de queda a partir de las 12 de la noche, así todos dormirán en paz. Sin embargo, quienes trabajan en locales nocturnos se quedan sin trabajo. Ya protestaron, con razón. No sabemos si el Ejecutivo coordinó esto con las municipalidades previamente, ni si contempló esta realidad. La pregunta es, ¿sin toque de queda, la medida funciona?
En Lima, los alcaldes vecinos a los distritos elegidos para aplicar el estado de emergencia, piden que se extienda también en sus localidades porque los delincuentes saldrán de los distritos favorecidos para instalarse en los colindantes. Tiene lógica. Ahora bien, es posible que la Policía, con el apoyo de las FFAA, cuente con mayores posibilidades para detener a los cacos y desmantelar sus organizaciones, sobre todo en San Juan de Lurigancho, la base de bandas venezolanas subsidiarias del asesino ‘Tren de Aragua’.
Otro punto en el que el gobierno de Boluarte patina es no prever el incremento de las Unidades de Flagrancia y así poder sentenciar en 48 horas a los maleantes. Para ello se requiere la sinergia entre el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y de los alcaldes y gobernadores. A esta omisión se suma la carencia de infraestructura policial, patrulleros chatarra, comisarías precarias, etc. Además, el hospital de la Policía es de un abandono indignante.
Con estos descuidos, que revelan improvisación y ausencia de un plan, la medida está destinada al fracaso. No por responsabilidad de quienes señalan estos yerros sino por incapacidad y torpeza del gobierno. La emergencia tampoco resuelve el enorme problema de la extorsión, delito que se ha extendido en el país, incluso entre humildes comerciantes. La Policía Nacional debe instruir a la ciudadanía qué hacer ante la extorsión y acoger a las víctimas adecuadamente. Una central telefónica no es suficiente.
