Judicialización de la política

La Presidenta Dina Boluarte poco hace. No logra ejecutar gasto público donde el factor humano es importantísimo. Boluarte aún no limpia el Estado de los funcionarios de Pedro Castillo que trabajaron para la organización criminal del exmandatario. Carece de un equipo sólido, afiatado. Cierto que tiene nueve meses en el poder, pero los ciudadanos no ven nada que florezca. Si la inversión pública progresara, otro sería el cantar de la economía, incluido el empleo.

Es claro que Boluarte se ha hecho un “refresh” estético. Bien que invierta en verse más joven. Mal que olvide que no podemos vivir paralizados como lo estamos. Dicen que quiere cambiar al Premier, no lo hace. Además, no le conviene. Lo cierto es que no se muestran resultados. Mientras tanto, la judicialización de la política nacional ocupa la atención de todos y acapara todo el espacio informativo. Está en el Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial (jueces y fiscales cuestionados, la Fiscal de la Nación en la mira de la Junta Nacional de Justicia). Incluso la presidenta tiene una investigación fiscal por las muertes durante las violentas protestas de inicios de año.

A esta judicialización se suman nuevas revelaciones sobre otra ‘orga’ criminal castillista: “Los Operadores de la Reconstrucción”. Algo insólito. De no creer, aunque lo padecemos. La denuncia fiscal de corrupción en los distritos de La Unión (Piura), con obras para enfrentar El Niño, y de Santiago de Llacón (Huánuco) implica directamente a dos asesores del despacho de Guillermo Bermejo. Sabíamos que Bermejo afronta un proceso judicial por su ligazón con el grupo terrorista MRTA, que estuvo en Ica durante la violencia de enero, probablemente dirigiéndola. Ahora conocemos su presumible vínculo con el robo a los más pobres.

No es difícil visualizar que para este latrocinio se requería de la participación de Castillo y de un congresista: Bermejo. Debe haber otras ‘orgas criminales’ con otros parlamentarios. La cercanía a Movadef de Pedro Castillo hizo que conozca bien cómo armar grupos y redes. Ubicaba a su legislador y sus alcaldías distritales. Bermejo se acercaba a las localidades con el discurso de la Constituyente y establecía el enlace con la autoridad. Quienes trabajaban en el despacho congresal eran los operadores, encargados de que todo fluya.

Fernando Ipanaqué, burgomaestre de La Unión, visitó el despacho de Bermejo en agosto de 2022. Posiblemente el parlamentario le habría ofrecido apoyo y presupuesto para sus obras. Luego hizo los contactos con el director de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC), Roberto López López para que facilite el dinero al distrito piurano. Este llega a ese puesto gracias al enigmático exministro de Vivienda de Pedro Castillo, Geiner Alvarado, hoy preso.

La ‘orga’ criminal ya estaba encaminada. Solo quedaba ejecutar. La ARCC, está a cargo de la PCM, donde estuvo el expremier Aníbal Torres quien recogía el dinero del desaguisado para ‘la defensa’ de Castillo. Posiblemente, Bermejo y Torres se beneficiaban también, pero eso será más difícil de determinar. Esta hipótesis, con algunas variantes, también funciona para el distrito huanuqueño y debe haberse aplicado en otras localidades del país.

Fue gracias al periodista piurano Enrique Bayona que se conoció el pillaje de La Unión. Hace pocos días balearon el frontis de su casa. Parece imposible salir de la judicialización de la política.

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