La todavía fiscal de la Nación Delia Espinoza ha cuestionado el mensaje a la Nación de la presidenta Boluarte. Le exige “alinear propuestas con la realidad, porque está preocupada por la inseguridad”.
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Luis García Miró Elguera
Tras el infame entrometimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en asuntos propios de nuestro país —obviamente incitada por las izquierdas regionales y por sujetos como Diego García Sayán— para impedir que el Congreso del Perú tramite una ley de amnistía a militares y policías que viven hace cuatro décadas sometidos a procesos judiciales sine die, por haber combatido a las
“En el Perú tenemos una ‘justicia fallida’ e insensible para millones de ciudadanos a quienes la justicia les es negada”, señala el constitucionalista Enrique Ghersi (…) “Los planteamientos de la mandataria en materia de reforma de justicia no nos han dicho mucho más allá de sus acusaciones a la Fiscalía de politización y concentración de poder; pero no traza un derrotero o una hoja de ruta par
La dirigencia de los mineros ilegales persiste en que el gobierno formalice su actividad ilícita y acepte la vigencia de esta, rebautizada tramposamente como “minería informal”.
Los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú durante la guerra contra el terrorismo –desatada por Sendero Luminoso y el MRTA a lo largo de las décadas comprendidas entre los años 1980-2000– podrán ser apelados, a raíz de la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso peruano e impulsada por la Comisión de Constitución que preside el parlamentario Fe
Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la primera presidenta de la República que ha tenido el Perú en su historia republicana, pronunció ayer —en el recinto del Congreso de la Nación— el que formalmente constituiría su tercer (y último) Mensaje Presidencial por Fiestas Patrias. El anterior duró algo más de tres horas; en esta oportunidad ha superado las cuatro horas.
La minería ilegal no solo erosiona el medio ambiente y evade miles de millones de soles y dólares en impuestos. También destruye el ecosistema y constituye una de las más graves amenazas para la sociedad, estando vinculada directamente al crimen organizado, a la violencia territorial y al colapso institucional de una actividad que ha sido tradicionalmente arraigada en nuestra nación.
El doce de marzo de este año, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto que modifica la Ley 27692 (creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI), para contribuir con la transparencia, supervisión y ejecución de los recursos que reciben las ONG. Esta norma fue exonerada de segunda votación.
Diariamente son más las autoridades del corrupto sistema judicial que acaban prostituidas en sus cargos, pervirtiendo sus servicios y sus responsabilidades ante la sociedad, a la que, legal y constitucionalmente, están obligadas a proteger, velando porque el Estado cumpla con ampararlas imponiendo Justicia.
Reiteramos: excepto en el Perú, en ninguna otra nación medianamente respetada al fiscal de la Nación se le ha abierto proceso investigatorio por abuso de poder, tras negarse a cumplir las leyes, usar al personal de la institución para ponerlo al servicio de sus intereses personales y/o por actuar contra los reglamentos de dicha institución.
“Estoy de acuerdo con la contratación directa… Dales a la gente del Gobierno Regional el Decreto de Urgencia; ellos lo envían, yo lo firmo, se lo hago firmar a Dina y al día siguiente estás contratado”, le habría dicho Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, a Saúl Yabar Pacheco, ingeniero que ha laborado para el Estado y el sector privado en temas agrarios.
Ayer EXPRESO publicó una amplia entrevista al destacado periodista Aldo Mariátegui sobre el momento por el que atraviesa el Perú.
En reciente declaración a la Fiscalía, el ex poderoso funcionario del Ministerio Púbico Jaime Villanueva ha revelado el nombre de aquellos medios de prensa -y de gente fanatizada- que conforma la siniestra “maquinaria caviar”.
Según una nueva información —a la que tuvo acceso EXPRESO, e incluso publicó en su edición de ayer— existen nuevas y abundantes evidencias de que tanto el fiscal supremo Pablo Sánchez como el activista Gustavo Gorriti habrían escondido miles de audios que comprometen, tanto penal como moralmente, a jueces y fiscales. El objeto es manipularlos para que actúen conforme a sus intereses.
Que nuestro Estado atraviesa una de sus peores crisis institucionales es una tautología. Desde que la izquierda gobierna (2011) a la fecha, nos encontramos en una gravísima crisis envueltos en un manto de corrupción, ineficiencias y desgobierno, extendido a todos los estratos estatales.
De cara a las elecciones generales de abril de 2026, la presidenta Dina Boluarte se dirigió a la ciudadanía pidiéndole ejercer un voto “informado” en vista de los complejos comicios del año 2026, hasta ahora con más de cuarenta postulantes a la presidencia. Asimismo, invocó a las agrupaciones políticas a evitar la inclusión de personajes asociados a actos de violencia.
EXPRESO publicó ayer una sustanciosa entrevista al periodista de investigación Carlos Paredes, quien denunció el accionar de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), señalando que en algunos casos se ha extralimitado.
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