¡La corrupción avanza implacablemente!

No hay tregua. El ejemplo de impunidad que acarrea aquel infamante y falsario proceso judicial contra Odebrecht, Graña Miró Quesada y demás tramposos que le robaron miles de millones de dólares al Perú —cortesía de sujetos como Rafael Vela Barba, José Pérez Gómez y demás miserables que han trabajado para culpar a terceros de los robos de la contratista brasileña— ha calado tanto en la burocracia que ha metastizado la corrupción.
La Comisión de Control Concurrente de la Corrupción, creada por el Parlamento el año 2023, ha presentado un gravísimo diagnóstico: solamente en 8 regiones (Lambayeque, Tumbes, Loreto, La Libertad, Piura, Ica, Arequipa y Cusco) existen 898 obras paralizadas, por valor superior a S/. 21 mil millones cuyos presupuestos implican un costo total de S/. 33 mil millones. Incluso existen otras 10 obras en esas regiones, cuyo valor inicial ha subido en más de 1,000 %.
El informe semestral de la Comisión Especial de Control Concurrente y Anticorrupción que EXPRESO publica en su edición de hoy, lo precisa detalladamente: existe un esquema de corrupción en ocho departamentos monitoreados —que se extiende a nivel nacional— para que la ejecución de toda obra pública sea ajena a cualquier control. Aunque eso sí, sujeta a permanentes, estrafalarios y consistentes aumentos presupuestales en sus costos.
Como consecuencia de este esquema, estos 8 gobiernos regionales vienen ejecutando 299 proyectos de inversión con sobrecostos superiores a S/ 17,323 millones (encima del 100 % del monto presupuestado); 48 de ellos triplican el costo original; otros quince proyectos superan el 600 % del monto presupuestado, e incluso en diversos casos los costos han aumentado en más del 1,000 %.
En el caso del Gobierno Nacional, los presupuestos de las obras que ejecuta han subido en más de 15,617 millones de soles. Solo hasta marzo de 2025 se han identificado 2,572 obras públicas paralizadas en todo el país, con una inversión comprometida de S/ 43,118 millones; de los cuales S/ 22,512 millones aún no han sido ejecutados.
El informe denuncia un “triángulo diabólico” copado por los sobrecostos, la mala calidad de las obras y la eternización de los proyectos. “Ese triángulo diabólico, alimentado por la corrupción, no solo drena recursos públicos sino que arrebata camas de los hospitales, paraliza colegios, destruye caminos y niega agua potable a comunidades enteras. Más del 13 % de cada sol invertido termina en manos indebidas y 321 entidades públicas presentan un riesgo alto o muy alto de corrupción”.
Este tema es un campanazo. La mano blanda de fiscales y jueces venales ha elevado la participación de empresas descalificadas en los concursos públicos; inclusive de aquellas sospechosas de tener vínculos con la corrupción o sancionadas por su dudosa capacidad.
Las modificaciones de montos, plazos y generaciones de adendas a las que la burocracia da conformidad —evidenciando su complicidad y/o desinterés— son el pan de cada día en la obra pública. ¡Como si nada hubiese ocurrido tras el escándalo Lava Jato! Ese es el costo de la venalidad de nuestra “Justicia”, coludida con una burocracia corrompida encabezada por un gobierno incompetente!

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