Gobierno peruano: valeroso rechazo a la CIDH

Los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú durante la guerra contra el terrorismo –desatada por Sendero Luminoso y el MRTA a lo largo de las décadas comprendidas entre los años 1980-2000– podrán ser apelados, a raíz de la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso peruano e impulsada por la Comisión de Constitución que preside el parlamentario Fernando Rospigliosi. La norma plantea que las personas sin sentencia firme –y/o con procesos ya abiertos por presuntas violaciones de derechos humanos– quedan incluidas entre las beneficiadas por esta, comprendiendo a los sentenciados dentro de la tercera edad.
Durante su debate en el Pleno, el congresista Jorge Montoya precisó que, si bien pudo haber excesos por los militares y policías, en ningún momento hubo asesinatos sistemáticos. Esta Ley de Amnistía permitirá que nuestros soldados y policías puedan vivir tranquilos sin seguir siendo perseguidos como criminales, tras exponer su vida y salud durante décadas ante la dinamita y la metralla terrorista, protegiendo a una sociedad atacada en forma sanguinaria y salvaje por las huestes terroristas que dirigía el demonio Guzmán Reinoso.
Sin novedad en el frente, una defensoría de los derechos humanos de terroristas rechaza esta Ley de Amnistía. La parlamentaria extremista Flor Pablo identifica como culpables de aprobar la Ley de Amnistía al fujimorismo y a sus aliados, “para beneficiar a malos elementos de las FFAA y la PNP”. ¡Característico proceder del comunismo sudaca!
Como era de esperarse, la Comisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le han saltado a la yugular a los fujimoristas. Ambas, enemigas del Perú –y aliadas de Sendero Luminoso, el MRTA y demás entes terroristas culpables de la muerte de decenas de miles de inocentes peruanos–, están decididas a maltratar, a humillar y a condenar al Perú por haber promulgado una ley de amnistía para los militares. Actúan como si fuéramos colonia de una mafia manejada por el socialismo transnacional, sin tomar en consideración que Perú es, constitucionalmente hablando, una república democrática independiente, a la que tratan como una colonia manipulable. No por la fuerza de los cañones, sino por lo que somos: un país pequeñejo, teledirigido por una Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos maneja con un dedo.
Por eso resulta muy valiente y más patriótica la actitud del ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Juan Alcántara Medrano, quien ha recuperado el sentimiento nacional manifestando ¡Basta ya! Tanto a la Corte como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras rechazar vehementemente la arrogante injerencia de la CIDH como abogada de terroristas y la de sus sicarios, respaldados por la mafia caviar de nuestro país. Que un ente extranjero instruya al Legislativo y al Ejecutivo peruano cuáles leyes debe aprobar y cuáles no, humilla y destruye nuestra soberanía como nación. Frente a eso, prioritariamente exigimos al Ejecutivo que promulgue la citada Ley de Amnistía, poniéndola inmediatamente en vigencia. Recuérdelo, presidenta Boluarte: ¡NI SOMOS NI SEREMOS COLONIA DE NADIE!

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