Combatamos frontalmente la delictiva minería ilegal y/o informal

La minería ilegal no solo erosiona el medio ambiente y evade miles de millones de soles y dólares en impuestos. También destruye el ecosistema y constituye una de las más graves amenazas para la sociedad, estando vinculada directamente al crimen organizado, a la violencia territorial y al colapso institucional de una actividad que ha sido tradicionalmente arraigada en nuestra nación. Ello, gracias a que la Madre Naturaleza nos ha favorecido compensando aquel agreste territorio de nuestra nación con inmensas reservas de los más variados minerales, al extremo de que somos de las pocas agraciadas naciones polimetálicas del continente.
Sin embargo, tras acabar con esos sanguinarios bastiones terroristas de Sendero Luminoso y MRTA, empezamos a comprobar la amenaza de una nueva lacra, como es la minería ilegal; sin que desde entonces el Estado haya sido capaz de definir una fórmula coherente para enfrentarla y erradicarla. Los diferentes gobiernos que han sucedido al régimen fujimorista —que acabó con el terrorismo— han dejado pasar esta nueva, grave amenaza que significa la minería ilegal. Una maldición que continúa diluyendo la poca estabilidad sociopolítica del Perú a extremos nunca imaginados.
La minería ilegal no solamente erosiona el medio ambiente y evade miles de millones en impuestos, sino que está directamente vinculada al crimen organizado, a la violencia territorial y al colapso institucional en zonas claves del país. Pero lo más grave: el Estado —al mando de una partida de incapaces, corruptos, irresponsables— no ha sabido definir una fórmula integral, coherente y firme para erradicarla.
Formalmente, el delito de minería ilegal califica como crimen organizado; en consecuencia, se castiga con penas muy severas y con la extinción del dominio, como táctica para eliminar el uso fraudulento del registro de formalización: el cacareado y, sin duda, inservible Reinfo, mecanismo que, al fin del día, protege la minería ilegal.
Hasta ahora hemos fracasado en establecer una legislación marco para la minería artesanal y pequeña minería, que determine límites claros de trazabilidad y fiscalización efectiva; y establezca operativos multisectoriales permanentes, no episódicos, con participación de las FF. AA., la PNP, la Fiscalía Ambiental y SUNAT; que destruya maquinarias y bienes usados en minería ilegal, como vemos ha ocurrido en Pataz; y establezca la presencia territorial del Estado en zonas críticas como Madre de Dios, La Libertad o Puno, con un severo control logístico/social, instituyendo además sistemas obligatorios de trazabilidad del oro, desde la extracción de ese mineral hasta su exportación, como ocurre en los países avanzados; mediante severos controles de insumos críticos (como mercurio, explosivos y maquinaria pesada) vía SUNAT, Sucamec y Osinergmin; y bloqueando tanto las exportaciones ilegítimas como la cooperación con países como Bolivia, donde se trafica con oro contrabandeado.
En síntesis, sobran diagnósticos y faltan decisiones acompañadas de una estrategia de Estado, concatenada a una reforma legal y penal ejemplarmente dura que elimine el Reinfo —artilugio que, a todas luces, ha demostrado ser la vía de escape a la informalidad— y, además, establezca una legislación penal muy severa que califique a la minería informal como crimen organizado.

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