Pasando revista al problema Perú

EXPRESO publicó ayer una sustanciosa entrevista al periodista de investigación Carlos Paredes, quien denunció el accionar de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), señalando que en algunos casos se ha extralimitado. Por ejemplo, efectuando el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, donde se usó un ariete para derribar la puerta, dando una muy mala imagen del Perú en el extranjero. También defendió la necesidad de preservar la institucionalidad presidencial, advirtiendo que intentar vacar a Boluarte sería echarle más fuego a la caótica inestabilidad presidencial y política en que estamos desde hace una década.
Profundizó también sobre el contexto de las actuales tensiones entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y las fuerzas policiales, sosteniendo que el 89 % de los peruanos desconfía de jueces y fiscales, lo que refleja una honda crisis de legitimidad institucional. El Ejecutivo ha sido acusado de intentar intervenir en procesos judiciales, como en el caso del procedimiento disciplinario contra la fiscal Delia Espinoza. Asimismo, Paredes advierte que cualquier intervención policial sería ilegal y atentaría contra el orden constitucional. Otro problema ha sido la profundización de las tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial, a raíz de recientes leyes incoherentes que han limitado el uso de la norma que regulaba el crimen organizado, debilitando investigaciones complejas como las de Lava Jato o “Los Dinámicos del Centro”.
Otro frente preocupante es la politización de la Policía, cuyo ejemplo emblemático es el poder excesivo que se le adjudicó a la nefasta Diviac y a su Robin Hood criollo de apellido Colchado, como figura insufrible de la típica autoridad prepotente, aconchabada con el poder oscuro y dispuesta a lo que sea con tal de servir al amo de turno. Colchado es la imagen del policía farsante que nunca debe existir en una organización vertebral para la lucha contra la delincuencia.
Otro punto importante tocado por Paredes es el descrédito de la judicatura, retratado en el caso Susana Villarán. Un esperpento que ha afectado seriamente la lucha contra la corrupción y la percepción de justicia en el Perú. Villarán, como símbolo de la izquierda comprometida en la judicialización de la política, enfrenta un juicio oral por haber recibido más de 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas reeleccionistas del 2013 y 2014. El juicio oral debió empezar hace ocho años, cuando fue presentada la denuncia penal por la Fiscalía. Esta demora retrata las entrañas carcomidas del sistema judicial. Porque incluso este dictó 36 meses de impedimento de salida contra Villarán, pero sin imponer restricciones como no comunicarse con testigos o coacusados.
Interesante repaso de un destacado periodista de investigación que ha logrado situarse entre los muy escasos hombres de prensa especializados en esta compleja pero fundamental variable, que sin duda ha contribuido a destapar escándalos y a castigar al poder que se parapeta tras algún cargo político para estafar al resto de los ciudadanos.

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