Luis García Miró Elguera

El nivel de podredumbre existente en el Ministerio Público del Perú es de vértigo. Es inaceptable que la única institución estatal, constitucionalmente habilitada para imputar como delincuente a cualquier ciudadano ante los tribunales de Justicia, se encuentre precisamente en manos de unos delincuentes de cuello y corbata.

México quedó ridiculizado ante la Corte Internacional de Justicia, tras su denuncia contra Ecuador cuando la Policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana en Quito para llevarse a Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafael Correa, quien fugó de la cárcel tras ser condenado por la Corte de Justicia ecuatoriana.

Antes de cumplirse año y medio de, aparentemente, haber sido solventada la crisis política -tras la implosión del régimen comunista que encabezó el senderista Pedro Castillo- afrontamos un nuevo trance que, esta vez, compromete a la presidenta Dina Boluarte. En la mañana de ayer, se conoció una orden de captura para su confuso hermano Wigberto Nicanor.

La Inseguridad Ciudadana es en buena medida producto de la dejadez del Ministerio Público y el Ministerio del Interior, por soslayar sus obligaciones de perseguir la ola criminal que impulsan el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal; además de novedosas modalidades como “préstamos” forzados –amortizados mediante cupos semanales cargados con siderales tasas de interés, que convierten e

Desesperados por hacerse del poder, en una demencial sucesión de barbaridades, siete continuos mandamases del desgobierno consiguieron dinamitar la estabilidad política, económica, como social, que heredaron de la muy exitosa segunda gestión de gobierno del dos veces presidente Alan García Pérez.

Tras entrar en funciones desde su fundación en febrero de 2019, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura CNM, sólo ha avanzado en un sentido: acumular y ejercer, cada día, mayor poderío po-lí-ti-co, chantajeando a todos los demás órganos del Estado a través del Poder Judicial y del Ministerio Público bajo su férreo control.

Las grandes mayorías –así como las elites que se supone existen a fin de orientarlas y a la vez, gobernarlas–, parecen ajenas al maremágnum en que se encuentra el país. Al menos, esa es la sensación que transmiten, al actuar como si estuviesen viviendo en Suiza.

El Informe que publica hoy EXPRESO es prueba cierta del desorden gubernativo que soporta este país, por culpa de incalificables sujetos llamados congresistas, metidos en política para explotar a otros peruanos sin siquiera ponerse a trabajar por ellos como les corresponde.

Pecando de ser cansinos, insistimos en calificar como anomia (RAE: ausencia de ley; conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación) al estado de cosas en que se encuentra el Perú, desde que una tribu de atrabiliarios comunistas secuestró el Estado tras urdir unas, sin la menor duda, tramposas elecciones, haciéndose del poder durante año y medio.

Continúa consolidándose la podredumbre al interior de una institución vertebral, llamada Fiscalía de la Nación, corrompiendo al Estado de derecho y fortaleciendo la carencia de Justicia concebida como la ausencia de garantías en los procesos judiciales llevados a cabo por los órganos estatales. Estos son el poder Judicial y el Ministerio Público, otrora bastiones defensores de Juan Pueblo.

Comentábamos ayer que la Junta Nacional de Justicia nació chueca, habiéndola diseñado un miserable llamado Martín Vizcarra (imputado por corrupción y golpista) como instrumento coercitivo del poder político, incrustado en la Justicia.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) nació chueca. Prohijada por un miserable llamado Martín Vizcarra (imputado por corrupto y golpista) como instrumento coercitivo del poder político incrustado en la Justicia, su objetivo fue manejar el poder Judicial y el Ministerio Público; y coercitivamente, todo estrato importante del Estado. Ejemplo, ONPE y Reniec.

La crisis económica va carcomiendo lenta, pero sostenidamente, todos los estratos del país. Las malas noticias nos retrotraen, día a día con más realismo, a los últimos meses que marcaron la quiebra nacional de finales de los años ochenta. Ayer, por ejemplo, el país conoció que la calificación crediticia peruana ha sido rebajada por todas las multinacionales calificadoras de riesgo.

¿Son o se hacen los cacasenos nuestros congresistas? ¡Depende! Para asaltar el Estado, la mayoría son listísimos; para todos los demás efectos, una ínfima minoría está capacitada. Y no estamos descubriendo la pólvora, amable lector.

La corrupción del Estado peruano es verdaderamente de náusea. Hace muy poco, a algún orate se le ocurrió rediseñar la Carretera Central partiendo de la Autopista al Sur, altura de Pachacamac, para ingresar a través de ese pueblo; a continuación, atravesar Cieneguilla, luego llegar a Sierra Morena para, finalmente, empalmar con la actual Vía Central, altura de Chaclacayo.

Nuestra Constitución precisa que el Estado es conducido, exclusivamente, por sus tres únicos poderes constitucionales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ¡No cabe interpretación diferente!

Un fallo histórico del Tribunal Constitucional zanjó la pendencia entre la aberrante Junta Nacional de Justicia –engendro del miserable golpista Vizcarra– valorando la trascendencia del Congreso de la República por encima de cualquier otra entidad estatal. La naturaleza omnipotente que se autoasigna la Junta Nacional de Justicia (JNJ), resulta insufriblemente prepotente.

Gracias al impresentable mandamás marxista del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, un camarada suyo llamado Pedro Castillo fue el “ganador” de aquellos sumamente cuestionados comicios del 2016. Esto permitió a Castillo coronarse presidente del Perú y, en consecuencia, apenas en año y medio de desgobierno conducir al Perú al extremo del desastre.