Un país hecho flecos

Desesperados por hacerse del poder, en una demencial sucesión de barbaridades, siete continuos mandamases del desgobierno consiguieron dinamitar la estabilidad política, económica, como social, que heredaron de la muy exitosa segunda gestión de gobierno del dos veces presidente Alan García Pérez.

A su paso por el Ejecutivo, estos siete atilas de la política actuaron como mandatarios de la nación, desde que el 2011 Ollanta Humala asumiera el poder sucedido por Pedro Pablo Kuczynski y este seguido por Martín Vizcarra; Manuel Merino; Francisco Sagasti; Pedro Castillo y finalmente Dina Boluarte. Todos son culpables de dejar hecho flecos al Estado peruano, tanto económica, moral, social, estructural como políticamente. La mayoría de ellos, además, imputados y/o procesados por corrupción a escalas siderales.

Este escriba viene insistiendo en el gravísimo estado en que se encuentra el país, precisamente como secuela de malos gobernantes que lo administraron en forma canallesca; sin descontar los terribles yerros de la actual mandataria accidental. Para nadie es un misterio que nuestro Estado sigue atravesando por la peor crisis de gobernabilidad de su ya bicentenaria historia. Tanto que la suma de todas estas circunstancias continúa profundizando hacia un trance de dimensiones siderales.

Aún continúa la lucha por el mando desarrollada por una infame, pero todopoderosa, Junta Nacional de Justicia, que usurpa funciones del poder Judicial y el Ministerio Público a través del chantaje a todos sus integrantes para, desde allí, manipular al resto de las reparticiones del Estado. Aquello no es sino la máxima demostración de la decadencia en que está el Perú.

Y ayer EXPRESO demostraba que esa misma manipulación se extiende a la Policía Nacional, poniendo en gravísimo riesgo a la Seguridad Interna, amenazada por feroces y profesionalmente organizadas bandas criminales venidas desde Venezuela, preparadas por los servicios de inteligencia de Cuba que siguen mandando –y cada vez más– en los predios de Chávez y Maduro.

Resulta que hoy, a través de la Fiscalía, la mafia caviar acosa a la Policía limitando su accionar, anteponiendo unos criterios buenistas al Reglamento de la Institución tutelar garantizada por la Constitución y las normas, exigiendo para sus integrantes varios años de carcelería, exclusivamente, por cumplir con sus deberes respaldados reglamentariamente.

El exministro Fernando Rospigliosi acusa, igualmente, que hay 60 policías procesados por “incumplir la ley”. También el conocido hombre de leyes, Mario Amoretti, reclama porque los fiscales “encarcelan a los policías que cumplen su deber”. El informe es amplísimo, y muestra la gravedad de los riesgos que viene produciendo esta interferencia de poderes, motivada por la desesperación caviar por dominar la totalidad de nuestro Estado.

¿Con qué descaro hablan de Seguridad Ciudadana la presidenta Boluarte, el primer ministro Adrianzén y el anónimo ministro del Interior, cuando en este momento de inseguridad nacional a nuestra Policía se le impide operar por criterios, repetimos, buenistas, importados por esa mafia caviar que mueve los hilos de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, incluso el poder Judicial para, finalmente, prohibirle actuar reglamentariamente a la Policía? ¿Hasta cuándo continuaremos permitiendo que los caviares gobiernen –sin votos– nuestra nación?

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