Los peruanos vivimos desamparados
La Inseguridad Ciudadana es en buena medida producto de la dejadez del Ministerio Público y el Ministerio del Interior, por soslayar sus obligaciones de perseguir la ola criminal que impulsan el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal; además de novedosas modalidades como “préstamos” forzados –amortizados mediante cupos semanales cargados con siderales tasas de interés, que convierten en infinito al monto originalmente “prestado”–, por tanto, impagable. Esto ha transformado al país Perú, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del orbe. Paralelamente estamos retornando –de manera impresionante– a la amenaza terrorista, revivida por huestes de sendero afincadas mayormente en el Vraem. Zona liberada de nuestro territorio, en poder de estos sátrapas, gracias al respaldo político que reciben los senderistas de la colonia caviar, respaldada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta complicidad sigue incrementando, exponencialmente, la actividad terrorista en el país. Hoy, la minera Poderosa es símbolo emblemático de esta lacra, víctima permanente de voladuras de torres de electricidad que alimentan sus instalaciones operativas. Consecuentemente, el terrorismo se afirma a paso firme, afectando cada vez más al país y atentando con mucho mayor ferocidad contra Juan Pueblo.
La responsabilidad cotidiana para sofocar esa ola criminal recae tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio Público. Aunque también las FFAA colaboran con ella. Pero es el Ministerio Público el que, por mandato constitucional y legal, persigue al crimen a través de la Policía Nacional. Aunque desde inicios de siglo, la Fiscalía de la Nación preferentemente está dedicada a perseguir el crimen po-li-ti-za-do. Sólo participa adonde explote alguna actividad ilícita relacionada a la política, si no involucra a la nomenklatura caviar, para así extorsionar a todos los involucrados. Desde esta columna venimos exhibiendo la conducta de un Ministerio Público o Fiscalía de la Nación dedicado a incordiar al Ejecutivo y Legislativo vía el Ministerio del Interior, y eventualmente, el Poder Judicial. Asimismo, se sigue destruyendo el profesionalismo de la Policía Nacional (el caso “coronel Colchado” es emblemático), ralentizando sus obligaciones para fiscalizar el crimen. Estas permanentes, ilícitas liberaciones de delincuentes dispuestas por fiscales a malandrines capturados in fraganti por la Policía muestra el desdén del Ministerio Público por batallar contra el crimen. Principalmente el delito organizado. ¿Hasta cuándo permitiremos que diariamente la Policía capture a malhechores, asaltantes, conductores que -pro-ba-da-mente- atropellan, hieren, y/o dan muerte a peatones; o criminales que asesinan a sus víctimas para robarles un puñado de soles, etc.; los traslada a alguna fiscalía con el parte respectivo sin embargo, esta los libera “por falta de pruebas”. Inclusive, criminales que disparan contra ciudadanos, a quienes matan –o dejan parapléjicos de por vida– que, inclusive, contado con todas las evidencias para comprobarlo tras ser capturados por la Policía, la decisión de la Fiscalía de la Nación acaba siendo liberarlos!
Conclusión. De inmediato, el Congreso necesita rehacer constitucionalmente el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (ayer nos ocupamos de este terrible asunto) y el poder Judicial. Sólo ordenados y en paz, el país podrá someterse a un proceso electoral.
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