Congresistas: licencien a los vocales supremos y sustitúyanlos por los superiores
¿Son o se hacen los cacasenos nuestros congresistas? ¡Depende! Para asaltar el Estado, la mayoría son listísimos; para todos los demás efectos, una ínfima minoría está capacitada. Y no estamos descubriendo la pólvora, amable lector. Preguntamos esto porque es difícil comprender que nuestra representación congresal no adopte medidas rápidas, ante el tremendo escándalo que explota un día sí, el otro también, en el Frankenstein criollo conocido como Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Salvo que algo similar ocurra en Nauru, Vanuatu o Tuvalu (países africanos), no hay nación civilizada en el planeta donde pueda verse un manicomio etiquetado como Ministerio Público semejante al peruano.
Ayer, en EXPRESO, el abogado Erasmo Reyna analizó algo gravísimo que viene gestándose en nuestra Fiscalía. Reviste todos los vicios de vendetta de los fiscales, contra la libertad de información que ampara al periodismo nacional. Para nadie es un misterio que los ex Fiscales de la Nación Pedro Sánchez, Zoraida Ávalos –y diversos cuestionados elementos del Ministerio Público, como Rafael Vela Barba, Marita Barreto, José Domingo Pérez, entre otros– repelen al periodismo, porque ha puesto en evidencia gravísimas faltas suyas en el desempeño profesional (ninguna de ellas castigadas). En ese orden de cosas, el jurista Reyna llega a esta conclusión: “todo caminaría mejor si se investigaran las denuncias (que fluyen cada día más) contra los fiscales, dentro del marco de lo que ordenan nuestra Carta Magna y el Código Procesal Penal”. Hasta el común de la gente advierte serias ilegalidades en el establishment caviar, indica Reyna. Ejemplo vincular a una persona no caviar con alguna organización criminal. El caso de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “inventándole Powerpoints con falsas fotografías y organigramas filtrados a la prensa, para conseguir su inmediata suspensión. ¡Cualquiera advierte que existe segunda intención! Asimismo cuando no se respetan principios como inocencia, razonabilidad o proporcionalidad, entonces ocurren casos arbitrarios como aquellos que acaban de darse contra el periodista Carlos Tafur. O como cuando, anteriormente, se insistió en incluir como parte de una organización criminal a los periodistas Rafael Romero y José Briceño, proyectándose prisión carcelaria efectiva de diez años, se manifiesta la intencionalidad antiperiodística del Ministerio Público”.
De otro lado, El Comercio y La República sólo publican lo que les envían sus amigos fiscales, violando las leyes al alertar a sus lectores sobre informaciones reservadas, filtradas desde el propio Ministerio Público con clara intencionalidad de causar daño a determinada gente ajena al mundillo caviar y, simultáneamente, alérgica a aquellos voceros periodísticos oficiosos. Dicho sea de paso, ambos periódicos jamás han protestado por las arbitrariedades que comete nuestro cada hora más politizado Ministerio Público, pulverizando la independencia y constitucionalidad de nuestro Estado de Derecho.
Y acá viene nuestro llamado de atención a los congresistas. La única solución es refundar el Ministerio Público. El Congreso debe empezar esta cruzada desaforando a todos los fiscales supremos sustituyéndolos por sus pares superiores, y contratar a nueva gente desideologizada de aquella infamante cultura caviar.
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