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Ángel H. Romero Díaz

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Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú 1991-1992. Presidente de la Corte Superior de Lima 2007-2008. Actualmente Presidente de la Primera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior. Juez Superior 1989 hasta la actualidad.

La llamada tercera “toma de Lima” resultó ser sólo una bravuconada sin apoyo de las grandes masas a quienes decían representar sus organizadores en todo el territorio nacional.

El gobierno, debe haber procesado bien la experiencia de las asonadas violentistas que los grupos de izquierda vinculados al expresidente Pedro Castillo protagonizaran, principalmente, en las regiones del sur del país, a la caída de su líder por golpista.

Que se recuerde, nunca antes se había presentado un caso similar al que supuestamente protagonizaron algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) intentando presionar en algunos jueces supremos para que estos se pronuncien a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inhabilitada por el Congreso de la República por no cumplir con sus funciones.

El exmandatario Pedro Castillo sufrió un nuevo revés esta semana. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó, en segunda instancia, la tutela de derechos que Castillo interpuso en su pretendido intento de dejar sin efecto la investigación penal que se halla en curso como cabecilla de una organización criminal.

El Congreso de la República decidió inhabilitar por cinco años a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y, además, acusarla constitucionalmente por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Con la inhabilitación ella ya no podrá asumir ningún cargo dentro de la función pública.

Después de un largo silencio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, retornó a la arena política demandando al gobierno un pronto cambio de su gabinete para lo cual señaló, con nombres y apellidos, hasta cuatro de sus integrantes que deberían salir por no haber estado a la altura de las necesidades de sus respectivas carteras.

El 7 de junio es una fecha de mucho simbolismo para el Perú. Se celebra el Día de la Bandera que nos recuerda la batalla de Arica en 1880, fecha en que las tropas peruanas se enfrentaron a las de Chile. Durante el gobierno de Augusto B.

Los días no dejan de sorprender. Las noticias son siempre variadas y, en mucho, asombrosas en el país. Algo que debió haberse visto antes de que los congresistas se tomaran la semana de representación, en la que se suspenden el Pleno y los trabajos en comisiones, sigue pendiente de aprobación o de rechazo, según sea el caso.

La denuncia constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que debió sustentarse en el Pleno del Congreso, el jueves pasado, fue postergada para la siguiente sesión que deberá llevarse a cabo después de la semana de representación que empezará el lunes que viene.

Sin duda, se trata de una de las elecciones más polémicas, la del Defensor del Pueblo, que llevó a cabo en el Congreso esta semana. El protagonista de este hecho es el abogado Josué Gutiérrez, elegido para dicho cargo, con 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones.

Estaba cantado.

Si bien la CIDH es un órgano autónomo de la OEA, que busca preservar los derechos humanos en el continente americano, no menos cierto es que, en algunos casos, sus opiniones generan juicios encontrados debido a su egoísta posición de satisfacer, cuando de protestas se trata, los intereses de una de las partes en conflicto.

En otros tiempos el 1 de mayo era motivo de celebración por el Día del Trabajo. Los sindicatos en el Perú, que otrora eran fuertes y representativos, alzaban su voz para recordar a los Mártires de Chicago que fueron condenados a muerte en 1886.

Esta semana se cumplieron cuatro años de aquella mañana en la que el expresidente Alan García se disparó un tiro en la cabeza para evitar dar el triste espectáculo de un hombre vestido con el chaleco de detenido y las manos enmarrocadas.

Hace exactamente siete días, el líder asháninka, Santiago Contoricón Antúnez, fue asesinado en el interior de su propia vivienda, en la comunidad de Puerto Ocopa, distrito de Tambo, en el Vraem.

La Semana Santa que empezó con el buen anuncio de que había pescado bueno y barato para todos, sirvió como escenario para seguir conociendo que la justicia por los delitos de corrupción puede tardar, muchas veces, más de lo debido, pero llega, inexorablemente, a su final con los corruptos puestos en su debido lugar y donde les corresponde.

El Partido Aprista Peruano se encuentra, nuevamente, en el punto de partida. Virtualmente inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, se apresta a renovar sus cuadros y participar en las elecciones generales que se convoque en el país. Sin duda, se trata de una buena noticia.

Las calamidades no nos abandonan. Hemos vivido dolorosas experiencias que nos han golpeado en distintas regiones del país. La primera y de alcance nacional fue cuando tuvimos que sobrevivir a los estragos del COVID-19 que dejó más de 200 mil muertes, la mayor parte de ellas, por la incompetencia del gobierno de Martín Vizcarra, en el manejo de la pandemia.

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