Expectativas pendientes
La denuncia constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que debió sustentarse en el Pleno del Congreso, el jueves pasado, fue postergada para la siguiente sesión que deberá llevarse a cabo después de la semana de representación que empezará el lunes que viene.
“Señores congresistas, de conformidad con la licencia por salud presentada por el congresista Ernesto Bustamante, miembro de la comisión acusadora, oportunamente el Consejo Directivo reprogramará la fecha y hora del debate y votación de la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos Rivera“, fue lo que dijo el titular del Congreso al anunciar la reprogramación.
La decisión, sin embargo, dejó un sabor amargo en parte de la opinión pública que esperaba una acusación pronta, escuchando el descargo correspondiente. Los comentarios y las especulaciones llenaron las redes sociales. ¿Qué hay detrás de esta suspensión, si el congresista Bustamante lo podía sustentar, perfectamente, por Internet?, se preguntaron muchos.
Algunos vieron, en esta medida, el apoyo a la denunciada para ganar tiempo y llegar a más congresistas solicitando su apoyo. Otros, especularon con la existencia de cálculos políticos de las bancadas con miras a las elecciones de la siguiente mesa directiva de ese poder del Estado. La verdad sólo se sabrá, sin embargo, cuando se tenga de votar por la acusación o no.
Son dos denuncias constitucionales acumuladas contra la ex fiscal de la Nación. Se pide, para ella, una inhabilitación por el periodo de cinco años, además de la acusación de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales respecto a las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
La doctora Ávalos, actual fiscal supremo, no se siente, al parecer, desamparada y cuenta, por el contrario, con el respaldo de algunos de sus colegas y de poderosas instituciones como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, en insólito pronunciamiento, demandó al Congreso reflexionar sobre la acusación constitucional en contra de ella.
El Congreso de la República fue uno de los primeros en responder. “Ante el reciente pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República manifiesta que tiene plena autonomía en la toma de sus decisiones (Artículo 93 de la Constitución Política del Perú). Por lo tanto, reafirma que actuará con respeto a la Constitución, a la separación de poderes y la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos”, señaló utilizando sus redes sociales. Hay expectativa sobre el desenlace que tendrá la acusación constitucional pendiente. Veremos.
Y sobre el mandatario, Pedro Castillo, preso en Barbadillo, su exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, acogido como colaborador eficaz, confirmó, entre otras cosas, los arreglos bajo la mesa con legisladores de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, y de otras bancadas, para lograr apoyo a cambio de puestos de trabajo para sus amigos y familiares, según dio cuenta un medio de circulación nacional. Ello no haría, sino corroborar las graves acusaciones que pesan sobre el expresidente acusado de liderar una organización criminal.
Por otra parte, el Congreso de la República declaró ‘persona non grata’ al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por su constante intromisión en asuntos internos de nuestro país y exhortar a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para que, según sus competencias, impidan su ingreso a nuestro territorio.
Este pronunciamiento no hace sino hacer respetar nuestra soberanía nacional; pareciera ser que el mandatario mexicano desconoce el “principio de no injerencia”, que no es sino la doctrina por la cual se prohíbe a un Estado intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Cuestión tan simple, que lamentablemente nuestros congresistas de izquierda igualmente parecen desconocer, habida cuenta que votaron en contra de la moción, lo cual sin ninguna duda los deja como mayordomos de un país extranjero al que rehúyen ponerlo en su sitio.
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