Los reveses de Castillo

El exmandatario Pedro Castillo sufrió un nuevo revés esta semana. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó, en segunda instancia, la tutela de derechos que Castillo interpuso en su pretendido intento de dejar sin efecto la investigación penal que se halla en curso como cabecilla de una organización criminal.

Ya en noviembre del año pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley había declarado improcedente ese recurso interpuesto por Castillo, pretendiendo anular la denuncia constitucional que, en su contra, presentó ante el Congreso de la República, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En aquella oportunidad el juez supremo Checkley había señalado que no podía pronunciarse sobre la decisión adoptada por el Ministerio Público, puesto que la Constitución Política habilitaba a la institución a presentar una denuncia constitucional, quedando a potestad del Congreso de la República ver su viabilidad de la acusación.

Como ya es de público conocimiento, la fiscal de la Nación dispuso abrir las carpetas fiscales en las que se advierten que Castillo dirigió una red muy bien montada de corrupción con brazos articulados en distintas reparticiones del Estado para torcer las normas y hacerse de fondos públicos en distintas licitaciones, así como copar los principales cargos de gestión en la administración pública con elementos probadamente incapaces, sin experiencia ni perfil adecuados para ejercer dichos cargos.

La apelación de Castillo al fallo del juez Checkley, no obtuvo el resultado que el expresidente esperaba, puesto que la sala presidida por el magistrado César San Martín lo que hizo fue ratificar la resolución de primera instancia, con lo cual el exmandatario continuará siendo investigado por los cargos de los que se le imputan.

Entretanto el congresista Guido Bellido, de las canteras cercanas a Pedro Castillo, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca la amnistía a todos los involucrados en el fallido golpe de Estado. “Es para las personas que están en este momento en proceso de investigación. Esta iniciativa alcanzaría al expresidente Pedro Castillo, el doctor Aníbal Torres y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez”.

Tratando de justificar la viabilidad de su iniciativa, el parlamentario refirió que existen antecedentes como lo ocurrido en 1995 para favorecer a militares presos comprendidos en investigaciones por diferentes delitos, así como lo otorgado a Ollanta y Antauro Humala, aun cuando no había sentencia alguna. “Es una amnistía sobre los hechos concretos”, señaló el parlamentario, al defender su iniciativa que, a juzgar por la opinión de muchos otros congresistas y expertos en la materia, no logrará los resultados que Bellido espera. Y de manera insólita, el parlamentario expresó que no consideraba que Castillo haya protagonizado un golpe de Estado, puesto que el hecho “no se materializó” ya que no hubo “afectación al bien jurídico”.

Por otra parte, esta semana vino, desde el sur del país, una noticia importante. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, informó que los representantes ante la Alianza del Pacífico acordaron que Chile tenga la presidencia pro témpore hasta el 1 de agosto y que luego le sea entregado la posta al Perú, por corresponderle desde diciembre de 2022. Así se daría fin al impasse generado por el imprevisible mandatario de México, Manuel López Labrador, quien se negó, caprichosamente, a entregársela a nuestro país por su encono con la presidenta Dina Boluarte.

“Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro témpore, y en ese espíritu hemos asumido la responsabilidad de actuar como intermediarios, justamente para poder resolver esta situación”, señaló el canciller chileno, dando fin a la desacertada actitud de López Labrador que puso en riesgo la unidad y desarrollo de los países miembros de la Alianza del Pacífico que busca, originalmente, la integración de los países de Chile, Colombia, México y Perú.

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