El pueblo quiere paz

La llamada tercera “toma de Lima” resultó ser sólo una bravuconada sin apoyo de las grandes masas a quienes decían representar sus organizadores en todo el territorio nacional. Sirvió, en todo caso, para que el gobierno demuestre ante el país y a la comunidad internacional que en el Perú la libertad de expresarse está plenamente garantizada como un derecho ciudadano y que nada impide que la población salga a manifestarse con la única exigencia que ella se dé pacíficamente.

Por experiencia de las asonadas pasadas, a la caída del golpista expresidente, Pedro Castillo, imaginábamos que ésta sería, igualmente, violenta, aun cuando las autoridades del sector y, más concretamente, la policía, aseguraban haber tomado las medidas preventivas adecuadas para impedir esos conatos. Felizmente fue como las autoridades lo habían prometido, salvo ciertos atisbos de violencia en Lima y en la ciudad de Huancavelica, pero que no pasaron a mayores.

El ministro del Interior, Vicente Romero, reportó, en horas de la noche, luego de que terminara la movilización, que ese día se había producido seis detenidos y ocho heridos, entre policías y civiles, en Lima, pero, ninguno de ellos de gravedad. Entre los detenidos figura el que lanzó una bomba molotov contra la policía que formaba un cordón humano en la avenida Abancay, para evitar que la turba pasara hasta el Congreso de la República, aunque horas después, la policía tuviera que ceder y dejar que los más belicosos lleguen hasta el frontis del congreso, que era, en realidad, el objetivo principal de los manifestantes.

Sin embargo, lo destacable es que la inmensa mayoría de la población, en Lima y regiones, le dijo no a la convocatoria de la “toma de Lima”. Días antes, incluso, los representantes de los gremios empresariales y emprendedores grandes, pequeños y medianos, habían expresado su deseo de trabajar con normalidad y abrir sus negocios como única manera de evitar que nuestra economía colapse. Incluso, algunos colectivos de la sociedad civil recorrieron las calles de Lima, el día anterior a la convocatoria, alentando a la población para enfrentar la situación. Todos expresaron su deseo de que la protesta se debería llevar a cabo de manera pacífica.

La misma presidenta constitucional, Dina Boluarte, acompañada de su gabinete, se pronunció en este mismo sentido. “Esperamos que todos los peruanos que amamos la patria que esta movilización, del 19 de julio, sea dentro del marco constitucional, que sea una marcha pacífica, sin generar violencia, caos o crisis, sin querer protagonizar un anarquismo”, señaló.

Acto seguido, llamó a los convocantes y a los partidos políticos a sentarse para dialogar, como única manera de encontrar soluciones a los problemas. “Hagamos como política de la sociedad el respeto mutuo, el saber entenderse y conversar de manera hermanada, porque cuando gritamos no nos escuchamos, pero cuando conversamos sí nos oímos, y de ese oír llegamos a acuerdos pacíficos valederos y duraderos en el tiempo”, enfatizó.

Las autoridades no deben, sin embargo, bajar las alertas, aun cuando ya pasó el llamado de los convocantes para la “toma de Lima”. Siempre es imprevisible lo que pueda ocurrir, cuando los grupos más radicalizados y violentistas permanecen al acecho, en su intento de exigir la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del congreso, el adelanto de las elecciones, la Asamblea Constituyente y la libertad de Pedro Castillo, puntos que no cuenta con el respaldo de la población, que sólo busca vivir en paz y preservar la institucionalidad democrática.

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