Estaba cantado

Si bien la CIDH es un órgano autónomo de la OEA, que busca preservar los derechos humanos en el continente americano, no menos cierto es que, en algunos casos, sus opiniones generan juicios encontrados debido a su egoísta posición de satisfacer, cuando de protestas se trata, los intereses de una de las partes en conflicto.

Eso viene ocurriendo con el novísimo informe que la CIDH dio a conocer, en conferencia de prensa, y referido a los actos de protesta y vandalismo desatados por grupos radicalizados de la izquierda, luego del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, señalando presuntas violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, que mereció la rápida y airada respuesta de rechazo por parte de los líderes de partidos democráticos, empezando por el mismo gobierno, que calificaron el documento elaborado de sesgado, mal intencionado, poco objetivo, que no dice toda la verdad de lo ocurrido entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.

El gobierno lo analizó en su Consejo de Ministros y, por la tarde, la presidenta Dina Boluarte se encargó de señalar la posición oficial de rechazo al informe levantado por la comisión de la CIDH. La mandataria destacó el hecho de que los comisionados utilizaran condicionales para referirse a las supuestas violaciones de DD.HH. “Hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la comisión”, señaló. La presidenta negó, enfáticamente, que en los sucesos de violencia que azotaron, especialmente, las regiones del sur del país, se hayan producido "ejecuciones extrajudiciales" o una “masacre”, como refiere el informe de la CIDH.

La jefa de Estado, así como su premier Alberto Otárola y otros parlamentarios que rechazaron el informe fueron categóricos en señalar que no hubo estigmatización contra los manifestantes, precisando que en el gobierno “no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, de religión ni de otra índole”. Es notoria la carga que la comisión trasladó contra las fuerzas del orden y nuestras FFAA. Mayormente culpan a éstas de las muertes que la violencia ocasionó durante los actos desatados por azuzadores, como hemos visto a través de las pantallas de televisión. Para ellos, guantes de seda.

El portal oficial de la OEA señala: “En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre de 2022, se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. Sin embargo, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.

¿Y qué fue de los locales públicos como el Poder Judicial, las comisarías, aduanas, etcétera, incendiados por las turbas? ¿Qué fue de las viviendas incendiadas de congresistas y gobernadores en las regiones movilizadas? ¿Qué fueron de los niños que murieron, en brazos de sus madres, al no poder transitar, en libertad, por las carreteras que fueron bloqueadas por las turbas? ¿Qué fue del policía calcinado en vida? ¿Qué fue de los soldados ahogados, acosados por las turbas en Puno? ¿Qué fue de los intentos de tomar los aeropuertos? ¿Qué dijeron los comisionados de la CIDH del terror desatados en las calles de Puno, Cusco, Abancay? Nada. No recogieron las versiones proporcionadas por quienes sí les brindaron esa información. Sólo vieron lo que les gustó ver. ¿Puede ser objetivo un informe que sólo dice la verdad a medias? En lo que sí fueron claros, hay que decirlo, fue en reconocer “la fuerte institucionalidad democrática que se ha construido en Perú”.

Este informe debe obligar al Ejecutivo a redoblar sus esfuerzos para dar a conocer, al mundo, lo que realmente paso, de lo contrario seremos un país visto como uno que soluciona sus problemas internos con violencia, lo cual en el caso del informe fue provocado por quienes viven bajo la férula de un terrorismo que no claudica en buscar el poder. En buena hora que sus recomendaciones y opiniones no sean vinculantes.

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