Martha Chavez

Ruidosas han sido las últimas semanas gracias a los lamentos -por supuesto impostados- de quienes pretenden que nadie se acuerda que fueron ellos, marxistas, caviares, antisistema y frívolos mercantilistas acostumbrados o ansiosos de recibir ventajas impropias del Estado, quienes hicieron campaña, ya sea abierta o velada y, sobre todo, votaron, a favor de la plancha presidencial conformada por

El martes pasado mencioné que en la agenda actual del Congreso de la República, de un conjunto numeroso de propuestas legislativas en trámite, a mi entender destacaban tres.

Siempre que hay ocasión señalo que los temas políticos y jurídicos son esencialmente materia opinable, no solo porque caben distintos puntos de vista sino porque sobre todo en materia normativa es un reto permanente poder expresar con claridad la regla que ha de ser puesta en vigencia, la misma que viene provista de obligatoriedad en su cumplimiento.

Hasta el día de hoy sigue hasta hoy escondido bajo siete llaves, luego de cinco años de firmado y homologado judicialmente, el denominado Acuerdo de Beneficios de Colaboración Eficaz entre la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial, la Procuraduría Pública Ad Hoc, la Empresa Constructora Norberto Odebrecht S. A.

Conocida y ya casi bicentenaria es la afirmación que sirve de título a este artículo, proferida por el nada productivo en su vida personal Karl Marx, el instigador del odio y lucha de clases, del desprecio reduccionista a todo lo que significara cultivar el espíritu humano, como la religión y a lo que supusiera la posibilidad de transmitir y practicar valores, como la familia.

A estas alturas desde distintos sectores de la opinión pública se terminó de poner en su sitio, con una buena dosis de ubicaína, suficiente –y creo también preventiva en el futuro inmediato– a quienes en la víspera del último Día de los Inocentes, pretendieron blanquearse políticamente, pues antes de manifestarse ante la opinión púbica tendrían que hacerlo ante los tribunales de justicia por su

La Constitución Política es una ley, ¡sí! Pero es la Ley Fundamental, la Ley de Leyes, la Carta Magna. Lo es no solo porque ella misma suele señalar su primacía sobre toda otra norma legal del país.

En pocos días, el 29 del mes en curso, se cumplirán los 30 años de promulgada la Constitución Política de 1993, elaborada por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) convocado por el gobierno del presidente Alberto Fujimori, integrado por 80 congresistas (7 de ellos mujeres) elegidos en distrito único nacional.

La inminencia de la Fiesta de Navidad y la costumbre arraigada en torno a ella de hacer regalos a familiares y amigos, aparte de los obsequios a personas que no se conocen pero que merecen solidaridad, me lleva a recordar lo que una vez un amigo me recomendó: “nunca aceptes que te regalen un perro”.

El día de ayer ha sido un día especialmente movido por la remoción de fiscales y de asesores por parte de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides (FN), la orden judicial emitida por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, para allanamientos y descerrajes con fines de detención de personas, registros personales, domiciliarios y vehiculares, incautaciones de bienes muebles, e

El jueves 16 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación, con 93 votos a favor, la reforma de la Constitución Política vigente a fin de cambiar, a partir de las próximas elecciones generales, el actual sistema unicameral por el bicameral.

Ayer se produjeron las renuncias, tanto de la Canciller Gervasi como del embajador del Perú en los Estados Unidos de América, ambos funcionarios de carrera.

A estas alturas no creo exista persona alguna que por lo menos no reflexione sobre lo que muchas otras tienen definitivamente claro desde hace mucho tiempo, casi tres décadas en mi caso.

Alberto Fujimori (AFF) fue condenado el año 2009 por los casos Barrios Altos y Cantuta luego de un proceso plagado de acreditada conspiración, que antes siquiera de que él ejerza su defensa ya transparentaba su propósito condenatorio echando mano a la técnica de la autoría mediata para condenar sin pruebas.

La semana pasada mencioné que el expresidente Alberto Fujimori (AFF) fue condenado por los casos Barrios Altos y La Cantuta sin que se hubiera comprobado objetivamente su responsabilidad penal, se le sancionó por haber sido presidente de la República en la época de los hechos, usando la técnica de la autoría mediata aplicable a organizaciones criminales y como jamás se sentenció –en buena hora

En esta columna de los días martes he tocado en varias oportunidades aspectos relativos a la condición del Perú como Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su relación con dos órganos previstos en dicha Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Fue corto el tiempo que nos vinculó, apenas dos meses de trabajar como su asesora en la Primera Vicepresidencia del Congreso desde el 26 de julio pasado, pero más que suficiente para corroborar, con creces y desde el inicio, las referencias positivas que yo tenía de Hernando Guerra García Campos y que no solo respondían a su intensa labor en favor de los emprendedores y el emprendimiento nacion

En mi artículo de la semana pasada detallé cómo el hecho de que un país sea Estado Parte en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) no lo vincula automáticamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), ya que según prevé ese mismo tratado se requiere de declaración y trámite formal adicionales –optativos– de reconocimiento de la competencia, tanto para la Comisión Inter