¿Guerra de guerrillas contra el sistema democrático?
El día de ayer ha sido un día especialmente movido por la remoción de fiscales y de asesores por parte de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides (FN), la orden judicial emitida por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, para allanamientos y descerrajes con fines de detención de personas, registros personales, domiciliarios y vehiculares, incautaciones de bienes muebles, etc., en contra de tres asesores de la FN (J. Villanueva, A. Hurtado y M. Girao). Y, como cereza del pastel, la curiosa denuncia de la FN contra la presidenta de la República y varios ministros por supuesto homicidio calificado.
La resolución judicial, fechada el 25 de noviembre, ocurre dentro de una investigación reservada iniciada el 5 de mayo de 2023 por una fiscalía provincial, que la resolución no identifica, “contra quienes resulten responsables” de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias y en la que –atención con esto– recién el 22 de noviembre en curso, la fiscalía accionante identifica a las personas investigadas (los tres asesores arriba nombrados). Recién este 24 de noviembre, la fiscalía remitió al juzgado sus elementos de convicción y –atención también– en horas, el juzgado analiza todo ello y decide.
En la resolución judicial, páginas 7 y 8, se resalta la condición de asesor principal de la Fiscal de la Nación (FN) del ciudadano Villanueva y que la FN le “habría” encargado contactar a diversos congresistas de la República en relación a la elección del Defensor del Pueblo y transmitirles, incluso, que ella apoyaba a uno de tales candidatos (que no resultó elegido).
Indudablemente, la decisión judicial apunta como objetivo final a la FN Benavides y llama la atención que todo esto ocurra cuando en las últimas semanas se han producido sanciones a fiscales claramente vinculados a Odebrecht y aparentemente intocables e inamovibles pese a que sus cargos son asignados a dedo y a dedo deberían ser también removidos.
No busco defender a ninguno de los involucrados, pero tampoco puedo dejar de advertir que lo sucedido resulta altamente extraño y ajeno a una recta persecución al delito, más aún cuando uno de los asesores, declarado antifujimorista, ha estado vinculado al Ministerio Publico por casi una década y es simpatizante de caviares y personajes de extrema izquierda, sin causar escozor alguno en sus hoy detractores.
¿Busca esta guerra (que aprovecha grandes errores de los supuestos buenos o menos malos) alcanzar el objetivo estratégico del “váyanse todos” con que la ultra izquierda y el caviaraje pretenden recuperar, de inmediato, el poder?
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