Una sana Constitución
En pocos días, el 29 del mes en curso, se cumplirán los 30 años de promulgada la Constitución Política de 1993, elaborada por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) convocado por el gobierno del presidente Alberto Fujimori, integrado por 80 congresistas (7 de ellos mujeres) elegidos en distrito único nacional. Fue promulgada luego de ser aprobada por referéndum, hasta hoy la única sometida a consulta popular de las 12 constituciones políticas con que ha contado el Perú desde su independencia.
El CCD, a diferencia de la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución Política de 1979, tenía además de la facultad constituyente el mandato de actuar como Congreso ordinario, es decir de legislar, fiscalizar y representar.
Valga señalar, porque aún hay quienes sostienen la especie de que la vigente Constitución tendría un origen espurio, antidemocrático, que las doce constituciones que ha tenido el Perú han derivado de situaciones de ruptura del orden constitucional precedente, pero que en el caso de la vigente Carta Magna la situación no provino de un militar o civil que no había sido elegido, sino de un presidente en ejercicio que defendió la continuidad y viabilidad de su mandato presidencial en una situación límite que los políticos opositores no calibraban o peor aún ayudaban a que se agravara.
Solo comparando el contexto de la Asamblea Constituyente de 1978 y el CCD, cabe resaltar que las elecciones para aquella las convocó un gobierno militar que tenía tomados todos los medios de comunicación y estatizado la economía del país, mientras que en 1992 no solo los medios estaban en manos de sus dueños sino que había una clara y férrea oposición de algún sector de ellos y hubo hasta observadores internacionales.
La Constitución de 1993 ha recogido los derechos fundamentales previstos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) (añadiéndoles otros de última generación) Por ello, en nada afectaría a los peruanos que el Perú decida, como se hace cada vez más necesario ante la arremetida agresora de la soberanía nacional por parte de la burocracia ideologizada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el Perú deje de ser parte de la CADH.
La Constitución de 1993 ha puesto candados para evitar que quienes detentan el poder pongan en peligro las libertades humanas o peor aún administren irresponsablemente los recursos públicos y generen espejismos de bienestar gastando lo que el Estado se presta a si mismo. Devaluación e hiperinflación quedaron sepultados con ella.
Es la tercera Constitución más duradera de la República.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
