Luis García Miró Elguera

Acabó la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático COP29, celebrada en Bakú (Azerbaiyán).

Con marcada razón, el reconocido hombre de leyes, Enrique Ghersi, demanda que no exista actividad minera informal permitida por el Estado, incluyendo aquel infame vicio que subsiste —a través de concesiones otorgadas por ese mismísimo Estado— a los llamados “mineros informales”.

El destacado abogado Humberto Abanto ha presentado una denuncia sumamente seria, que pone el dedo en la llaga respecto a los niveles de enfermiza judicialización de la política a los que ha llegado nuestro país, por responsabilidad solitaria de la mafia que maneja el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En el año y medio que el Perú perdió por culpa del mequetrefe Pedro Castillo, este ideologizado sujeto ganó lo que jamás imaginaría atesorar por hacer cualquier cosa, menos gobernar. ¡Aunque cualquier cosa, en este caso, implicó destruir el Estado peruano! ¡Y ello lo consiguió Castillo en dieciocho meses de desgobierno! Un récord mundial.

El 17 de julio de 2002, Alejandro Toledo promulgó a trompicones un mamarracho bajo el título de “Ley de Bases de la Descentralización”. Instrumento que, desde el primer día en que entró en vigor, ha servido para cualquier efecto menos para hacer cumplir el título de este improvisado esperpento, inventado más parece para destruir antes que para descentralizar la nación.

Los efectos retroactivos de la megacorrupción que sentó sus reales en el Perú a lo largo de dos décadas —cuyos coletazos aún siguen salpicando por todas partes— han quedado impregnados en, al menos, un par de generaciones acostumbradas ya a la deshonestidad y al cohecho como método de vida. Será, por tanto, difícil el trance que queda por delante.

Sin perjuicio de que hace décadas las funciones del Poder Judicial y el Ministerio Público están cada día más politizadas, ineficientes y abusivas –desde la percepción del ciudadano– apelando a violar el Presupuesto de la República y dinamitando toda separación de funciones, como impone la Constitución en materia de gasto público, el Parlamento acaba de aumentar el Presupuesto aprobado en julio

La intromisión de las ONG en la Administración Pública de nuestra, supuestamente independiente y soberana nación es, desde cualquier punto de vista, intolerable y absolutamente inconstitucional. Gran parte del desconcierto generalizado en que se encuentra el Estado peruano se debe, precisamente, a la feroz injerencia de esas lacras en toda suerte de actividades, tanto públicas como privadas.

¡No hay sociedad exitosa sin leyes firmes para combatir el crimen! Porque, mientras el crimen no reciba un categórico castigo, la delincuencia avanzará como reguero de pólvora, transformada en pingüe negocio. ¡Y aquel Estado se convertirá en antro para los delincuentes, donde reinarán la infracción, la anarquía y la vida no valdrá nada!

Mientras sigamos sometidos al yugo extranjerizante, venenoso y falsario de la mafia caviar –tanto local como extranjera– el Perú jamás levantará cabeza, por más buena intención que pongan sus habitantes.

Recuerda el portal Real Politik que, desde hace una década, Argentina encabezaba la lista de países latinoamericanos —y posiblemente a nivel internacional— con mayor ratio inflacionario. Tanto que el año pasado (2023), su tasa de inflación mensual fue del 3.5%; mientras que ese guarismo, a octubre del presente año, descendió a 2.69% (el menor desde 2021).

EXPRESO publicó ayer una amplia e interesante información del ingeniero Jorge Coll Calderón titulada “Las incorrectas priorizaciones del gobierno sobre la red del Metro de Lima y el Ferrocarril Lima-Ica”. Para cualquier persona racional, el Perú arrastra un descomunal déficit en su estructura de comunicaciones carreteras, explicado al detalle en la citada información.

La izquierda -fundamentalmente la extrema izquierda- con el entusiasta auspicio de la mafia caviar y el respaldo del fanatismo rojo reinante en este lamentable Parlamento -torpemente electo por ilusos manipulados por Sendero Luminoso- insiste en adelantar las elecciones.

El miserable Martín Vizcarra Cornejo, ser despreciable a quien le importó un caracol causarle la muerte a más de 600,000 compatriotas —con tal de hacer negocio con la compra de unas inservibles pruebas rápidas que, en vez de detectar, más bien escondían la presencia del virus del Covid— y quien, asimismo, en vez de adquirir las vacunas Pfizer para proteger su vida, amable lector, dispuso compra

En muchísimas ocasiones, Alan García advirtió no estar dispuesto a soportar el intento de enemigos políticos suyos, en el poder, que procuraban humillarlo apresándolo a modo de saciar su sed de venganza. Para el caso, los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez Gómez, figuritas de la masonería caviar, eran enemigos innatos de García. Ambos soñaban con vengarse de él al costo que fuese.

Se anuncia la próxima llegada al Perú del líder chino Xi Jinping. China es un país comunista por estrategia, no necesariamente por convicción. La Revolución Cultural de Mao Tse-Tung ocurrió ya pasada la mitad del siglo XX. Esto quiere decir que, en ningún momento, dejó de ser aquel enorme imperio que siempre fue, es y, por cierto, seguirá siendo.

El régimen de Dina Boluarte, después de largos dos meses de interregno dedicados a empeorar todavía más la serísima situación de quiebra en que se encuentra Petroperú, decidió designar como presidente de la petrolera a un sujeto que ya ejerció ese mismo cargo. Por tanto, ha contribuido al desastre de la empresa, supuestamente de propiedad de todos los ciudadanos. Pero aún hay más.

El llamado “sistema de justicia peruano” no es más que una mascarada operada por la izquierda caviar, dedicada a impartir injusticia a los peruanos que no formen parte de la mafia controlada por esa élite que, claramente, no representa al pueblo peruano.