Intolerable soborno al Poder Judicial
Sin perjuicio de que hace décadas las funciones del Poder Judicial y el Ministerio Público están cada día más politizadas, ineficientes y abusivas –desde la percepción del ciudadano– apelando a violar el Presupuesto de la República y dinamitando toda separación de funciones, como impone la Constitución en materia de gasto público, el Parlamento acaba de aumentar el Presupuesto aprobado en julio último para el Poder Judicial, con la manifiesta oposición del Ministerio de Economía y Finanzas. Consiste en darles un bono mensual de nueve mil trescientos soles netos, sin descuento, a los jueces superiores; y otro bono, bajo aquellas mismas condiciones, pero por siete mil doscientos soles para los jueces especializados. No hay que ser zahorí para comprender que, tras semejante descaro, transpira un quid pro quo de la representación nacional para decirles a los jueces de la República: “acuérdense de nosotros cada vez que tengan algún expediente nuestro en sus manos.”
¡El caos que reina en nuestro sistema jurídico –Poder Judicial y Ministerio Público– no se arregla con bonos exonerados de descuento, ni con tratos preferenciales con sabor a soborno, señores legisladores! Ustedes son conscientes de que la Justicia peruana está corrompida por el ilimitado dinero del que disponen cada año las ONG para manipularla. Está el ejemplo del Instituto de Defensa Legal, feudo de Gustavo Gorriti; desde hace dos décadas, solapado mandamás del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, so pretexto de que “trabaja para mejorar los niveles de justicia” en este país. Cuando lo único que hace Gorriti es politizar la justicia para, desde el antro de sus ONG, manipular los procesos judiciales de su interés con evidentes y nefastos propósitos políticos/personales. Ese hecho lo saben perfectamente los legisladores. Pero, como son temerarios, prefieren seguir sacrificando a la sociedad, sometida a la draconiana “justicia” de las ONG; mientras ellos se liberan de semejante oprobio comprando sus propios procesos judiciales con dinero del contribuyente. Como en este caso, sobornando a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, bajo la etiqueta de un “bono no afecto a descuento alguno.”
Como indica la noticia publicada ayer por EXPRESO, “el Congreso de la República ordenó desembolsar 275 millones de soles para aumentar los ingresos de 3,160 magistrados titulares, al amparo de la Ley 32164 que aprueba la bonificación adicional mensual a los jueces titulares, en reconocimiento a su labor y dedicación al servicio público conforme a la Ley 30970”. Quiere decir que usted, amable lector, compartirá el pago mensual del bono por S/.9,360 –más los S/.14,506.11 como sueldo que ya reciben jueces polémicos, como el tal Oswaldo Ordoñez– quien viajó a Costa Rica para denunciar al Estado peruano ante la enemiga CIDH, acusándolo de “presionar políticamente a los poderes Ejecutivo y Judicial –desde el Legislativo– aprobando leyes que favorecen la impunidad.” Infamia aplaudida por todos esos jueces titulares hoy injustamente beneficiados por el aumento que han recibido del Congreso, a manera de acicate para aquietar las tormentosas aguas de las que, constantemente, acaban beneficiándose los infames caviares en materia política, social y económica.
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