¡Llamado al presidente del Congreso!
La intromisión de las ONG en la Administración Pública de nuestra, supuestamente independiente y soberana nación es, desde cualquier punto de vista, intolerable y absolutamente inconstitucional. Gran parte del desconcierto generalizado en que se encuentra el Estado peruano se debe, precisamente, a la feroz injerencia de esas lacras en toda suerte de actividades, tanto públicas como privadas. Aunque, quizá, la administración de justicia sea el eje neurálgico más preocupante que mantienen secuestrado estos instrumentos extranjerizantes, que viven de aportes que reciben de multimillonarias fundaciones o de cuanta fuente opaca pueda usted imaginarse, amable lector.
Se estima que cada año ingresan subrepticia y descontroladamente al Perú el equivalente a US$4,500 (cuatro mil quinientos millones de dólares) a las cuentas de estos entes oscuros e ilegítimos, excluidos inconstitucionalmente de control de cualquier naturaleza, tanto al tiempo de recibir como de utilizar esos fondos. ¡El Estado peruano no existe para las ONG, y viceversa! Una figura no solo discriminatoria frente a cualquier otra actividad que, por ejemplo, realiza usted pagando impuestos hasta por quítame estas pajas.
Algo que resulta absolutamente perjudicial para las grandes mayorías, que viven de los servicios sociales del Estado, que, en este caso, no reciben un pinche centavo de las ONG, mientras que sus directivos y/o propietarios viven como magnates, libres de todo tributo.
Es más, el USAID, ente presuntamente filantrópico de los Estados Unidos, gira muchísimos millones de dólares supuestamente dirigidos a mejorar nuestro sistema de justicia. Aunque, a todas luces, lo que confirmamos es que solamente resultan beneficiadas, con dichas carretadas de dinero, ciertas ONG y sus propietarios. Comenzando por gente cuestionada como Gustavo Gorriti y su ONG, el inefable Instituto Libertad y Democracia, que mangonea el Ministerio Público y el Poder Judicial como si fuera “dueño” de ambas instituciones, en virtud de la repartija de millonarios recursos que reparte entre fiscales y jueces, presuntamente destinados a “cursos especializados” que, casi en su totalidad, corresponden a temas de género y/o orientación sexual; cuando no a los politizados derechos humanos.
Desde finales de la década 2001-2010, EE.UU. privilegia con ciclópeos recursos a movimientos políticos progresistas de izquierda, integrantes del llamado mundo de la política identitaria, perteneciente a las personas amparadas por grupos absolutamente ligados a la cultura LGBT, etc.
Estos “movimientos” corresponden a la corriente WOKE, impulsada por magnates como George Soros, encaprichados en transformar al mundo según sus inmensos intereses particulares. ¡Jamás respetando la libre voluntad de los pueblos, como le corresponde a las sociedades que viven en países que deciden su futuro libre e independientemente, tal como se supone es el nuestro!
Requerimos a Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, que agende, en los días que quedan de legislatura, el dictamen aprobado por doce votos contra uno, para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fiscalice los recursos técnicos, financieros y logísticos de la cooperación internacional; y, asimismo, tenga un registro actualizado de las entidades que hagan activismo político con fondos del exterior, como delictivamente ocurre cuando cambian políticas públicas o resultados electorales para favorecer a entes extranjeros privados.
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