En el mes de mayo de 2023, se publicó la malhadada “LEY SOTO” –con la previa y complaciente promulgación de la Sucesora Presidencial– por la que se redujo a un año de un plumazo y con efecto general la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sin importar el tipo y gravedad del delito.
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Alejandro Tudela Chopitea
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Al pergeñar estos renglones, desconocemos si el Procurador Especializado en materia Constitucional ya ha presentado la polémica demanda competencial contra el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) por supuestamente menoscabar en sentido estricto el adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidencia de la República.
Cual petición de principio, seguimos creyendo que en la actual coyuntura política el Gobierno de turno es el menor de los males salidos del ánfora de Pandora y que dependerá de éste acertar más y errar menos en la gestión del Estado a fin de llegar hasta el 2026.
El 3 pasado, se recordó el Día Mundial de la Libertad de Prensa instituido por la Asamblea General de la ONU allá por 1993. Podríamos decir que se conmemoró la fecha ya que, por supuesto, ésta fue destacada en los medios aunque los tiempos que corren no dan mucho para celebrar la misma como se debería.
La semana pasada advertíamos –como tantos– el riesgo que el actual desmadre político e institucional representa para el proceso de reactivación económica y para la Democracia en el país y no había necesidad de ser zahorí para ello.
Décadas atrás todavía parecía posible sostener la llamada Teoría de las Cuerdas Separadas para explicar cómo las crisis políticas no necesariamente afectaban el proceso económico y la confianza y seguridad jurídicas de un país.
El tema no es nuevo, ni lo que se pergeña resulta novedoso. Sin embargo, ante la recurrente majadería del todavía cuestionable Presidente del JNE de que los controles políticos del Congreso de la República no van con él –a lo más sólo algún procedimiento de investigación no vinculante–, vale la pena parar mientes sobre el asunto y de paso comprender a los Jefes de la ONPE y del RENIEC.
El titular puede resultar confuso. No nos referimos a la reciente investidura del Consejo de Ministros y al voto de confianza otorgado por el Parlamento a su Presidente y Gabinete.
Han pasado, prácticamente, tres semanas desde que se inició el culebrón de los relojes “ROLEX” y demás lujos de la Sucesora Presidencial y continua haciendo mutis.
Un buen amigo considera que el culebrón del costoso “Rolex” que persigue a la Sucesora presidencial es una asunto inflado en demasía y que, probablemente, le dará una fuerte migraña sin que necesariamente tambalee mucho el Palacio.
La noticia está en otra parte, por ejemplo en las interpelaciones y eventual censura de uno de los peores Ministros del Interior a un par de semanas de la presentación ante el Congreso del Gabinete Adrianzén –ex Otárola– y de la cuestión de confianza del mismo.
El “Otarolagate”, siendo obsceno y peor si se destapó como parte de una conspiración que tarde o temprano se aclarará, ha acabado por ahora con la inevitable renuncia del Premier que, visto lo visto, se va oficialmente del Gabinete pero no acaba su presencia e influencia dentro del Gobierno.
Hace un par de meses y medio advertimos sobre el fraude de ley que significaba –y significa– la inscripción de la denominada “Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros”; en pocas palabras A.N.T.A.U.R.O., como partido político al ser éste una organización de fachada por su estatuto e ideario supuestamente democrático, pero que en los hechos su real fin
De vuelta después de unos días, por lo menos hay que rescatar la renovación parcial del Gabinete que, a pesar de la permanencia del desgastado Premier, anunciaría la aparente voluntad del mediocre Régimen de turno por reencaminar la política y gestión públicas en el Sector Minero-Energético fundamental para la reactivación de la alicaída Economía Nacional.
En pocos meses se conmemorará el Bicentenario de las históricas Batallas de Junín y luego de Ayacucho que sellaron definitivamente la Independencia del Subcontinente Sudamericano del Imperio Español. Por supuesto, existe una Comisión Nacional encargada de las actividades celebratorias aunque, la verdad, poco se le escucha.
Para más seña, nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos y lo hacemos porque, finalmente, la Comisión Permanente del Congreso en segunda votación –la primera la votó el Pleno- ha aprobado el proyecto de ley que crea la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La semana pasada el tema omnipresente en la prensa –y con razón– fue la conmemoración del Décimo Aniversario del Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que, finalmente y de modo favorable para el país, estableció la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile.
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