Bumerán presidencial

Al pergeñar estos renglones, desconocemos si el Procurador Especializado en materia Constitucional ya ha presentado la polémica demanda competencial contra el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) por supuestamente menoscabar en sentido estricto el adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidencia de la República. En cristiano, el conflicto sería porque la Fiscalía de la Nación y el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia han osado admitir a trámite diligencias preliminares en contra de la Primera Mandataria por una variedad de imputaciones penales que son públicas. Conforme al acuerdo unánime del Consejo de Ministros esta investigación resultaría inconstitucional por vulnerar lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Leyes. Curiosa posición cuando la hoy Sucesora Presidencial aplaudió en su momento –como también lo apoyó quien hoy es su Premier y la gran mayoría de los peruanos– la misma apertura de investigación preliminar contra su sucesor, el nefasto Castillo, y cuya vacancia la puso en Palacio de Gobierno. En fin, al otro sí pero a mí no, y ahora el Jefe del Gabinete dice no pero ayer sí. ¡DE LOCOS!
Revisando las dos páginas que se han conocido del acta de la sesión del Consejo de Ministros que aprueba la presentación de la demanda de marras, uno siente vergüenza ajena. Sostiene el Ejecutivo que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y que obliga al Perú apenas vale el papel escrito puesto que “no es un Tratado sobre Derechos Humanos”; prosigue desconociendo sin mayor fundamento la capacidad y legitimidad del MP y del PJ para la materia y termina –suponemos con algún sonrojo– alegando que “la investigación y demás actuados (…) afectan el eficiente y el eficaz ejercicio de las atribuciones y funciones del Presidente de la República” (¿¿??).
La verdad , no vamos a gastar tinta en lo que es casi apodíctico: El “Caso Castillo” estableció, jurisdiccionalmente, que una cosa son los actos de investigación preliminar para asegurar los hechos y medios de prueba para cuando doña Dina baje a tierra y otra la acusación que con exceso protege el artículo 117 de la Carta Magna. Este sano criterio del MP y del PJ que debe imponerse, al menos, acredita al Perú como un Estado comprometido con la lucha contra la lacra de la corrupción y la impunidad y lo alinea con la comunidad democrática internacional.
Admitida que sea la controvertida demanda, tocará al TC, máximo órgano de control de la constitucionalidad en el país, estar a la altura de lo que espera la Nación. Lo que sí no dudamos es que, fuere lo que fuere, la Jefa de Estado no se salvará del efecto bumerán por lo que ha promovido y que la inmensa mayoría de la ciudadana percibe como un torpe y cínico intento de blindaje. ¿O NO? ¡AMÉN!

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