Alejandro Tudela Chopitea

Mientras nos empapamos sobre lo ocurrido en estos lares, van dos asuntos que jalan la atención y, en especial, el primero con repercusión internacional.

No volvíamos a la Madre Patria desde que una sorpresiva censura parlamentaria sacó del gobierno a Mariano Rajoy y al Partido Popular (PP) de centroderecha y colocó a Pedro Sánchez del PSOE socialista al frente del Ejecutivo.

Hace casi veinticinco años, estando de asesor parlamentario, conocimos fugazmente a una arqueóloga, antropóloga y educadora peruana para más señas, que recorría con insistencia los despachos congresales y la Comisión de Educación –por entonces no existía el Ministerio de Cultura–, con el objetivo de lograr el reconocimiento y respaldo legal para la Zona Arqueológica de Caral, en el valle de Sup

A un par de días del último Mensaje a la Nación de la Sucesora Presidencial –omitimos, por ahora, el comentario de la flamante y polémica Mesa Directiva del Congreso–, solo cabe esperar que, al menos, el mensaje de marras cumpla formalmente con lo dispuesto por la Constitución y no sea el retórico sermón del año pasado con más ruido que nueces.

En vísperas de las Fiestas Patrias, resulta usual –y hasta rutinario o ritual– tratar de opinar o anticipar lo que será el Mensaje a la Nación que el Jefe de Estado dirige anualmente desde el Parlamento. Lo hemos hecho numerosas veces y más si es el último –a Dios gracias– del régimen de turno. En este caso, romperemos la “tradición”.

En este caso es literal, y no solo se trata de uno, sino de dos.

La semana pasada concluíamos la columna llamando la atención sobre la llamativa “justicia a la medida” que permite que Martín Vizcarra y Susana Villarán todavía pasen piola penalmente, no obstante los años de los años transcurridos y el cúmulo de elementos de convicción graves y fundados en su contra determinados en la acusación fiscal respectiva.

Como consecuencia de su cuestionable gestión presidencial, a la que llegó contribuyendo con felonía a la caída del presidente PPK, Martín Vizcarra ha acumulado el récord cuasi Guinness de tres inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública impuesta por dos diferentes Congresos de la República.

Alguien comparó la crisis o anarquía institucional que hoy padece el Ministerio Público (MP) con la sufrida durante el fujimontesinismo, en el que Blanca Nélida Colán –la impresentable “cementerio, cementerio”– era la fiscal de la Nación (FN) nominal y el MP se hallaba sometido a los dictados de ese régimen.

Después de cabildeos e incertidumbres, el Gabinete Arana obtuvo el voto de confianza del Congreso de la República. Cierto que lo consiguió raspando, puesto que la votación apenas superó los sesenta votos, pero, al menos, ya está “investido” para continuar dirigiendo y gestionando la administración y prestación de servicios públicos del Estado bajo la jefatura de la sucesora presidencial.

Como se sabe, el Estado peruano se encuentra demandado, entre otros casos, ante el CIADI del Banco Mundial por la rescisión, resolución y/o inejecución contractual derivada de los dichosos contratos de concesión viales de la capital celebrados con la delincuencial ODEBRECHT e inversionistas sucesores.

Comentario previo. Un conocido repitió insistentemente que no se debía ser tan severo con Doña Dina puesto que gracias a la sucesión constitucional y la actual gestión gubernamental al menos se salvó el Estado democrático de derecho del país. A ver, a ver.

Otro bandazo constitucional que debería ser para bien pero… Hace unos días, el Presidente de la activa Comisión de Constitución del Congreso justificó el dictamen aprobado por mayoría que modifica el artículo 93 de la Carta Fundamental restableciendo la inmunidad parlamentaria fulminada hace casi cuatro años.

El tema es polémico, pero, al menos, el cuestionable tándem gubernamental entre el Ejecutivo y la variopinta mayoría congresal, esta vez no ha incurrido en otra aberración legislativa a las que nos tiene acostumbrados.

Dejando constancia que el “Habemus Papam Peruvianus” León XIV es la mejor e inesperada noticia para el poco feliz noticiario peruano y que habrá muchas más después de que sea entronizado, pasamos a un hecho local que invita al moderado optimismo.

Hace casi cinco meses, se aprobó por el desacreditado Congreso de la República y el Ejecutivo ídem la Ley N.º 32181 que, entre otras disposiciones, derogó la detención preliminar judicial cuando no se dé el supuesto de flagrancia delictiva.

Podríamos comenzar afirmando que no hay algo nuevo bajo el sol, aunque sí lo hay para mal. En efecto, no es novedad que en el proceso de inscripción de partidos políticos (PP) existan firmas falsas, sea como una práctica burda y sistemática o “chocolateando” las falsificadas entre las auténticas. En el pasado, el caso más notorio fue la “fábrica Medelius” y otra por ahí.

En realidad son dos sapos. Uno, el insólito –por decir lo menos– salvoconducto otorgado en cuestión de minutos para que la reo Nadine Heredia goce de la buena vida en Brasil. El otro batracio es por el “oportuno” reciclaje del inefable y fracasado ministro Santiváñez, censurado por el Congreso y retornado por la puerta lateral de Palacio para laborar en el despacho presidencial.