Presidente del consejo denunciado
Después de cabildeos e incertidumbres, el Gabinete Arana obtuvo el voto de confianza del Congreso de la República. Cierto que lo consiguió raspando, puesto que la votación apenas superó los sesenta votos, pero, al menos, ya está “investido” para continuar dirigiendo y gestionando la administración y prestación de servicios públicos del Estado bajo la jefatura de la sucesora presidencial. Si bien no seguimos la presentación ni el rutinario, prolongado debate en el hemiciclo, leímos lo que puede destacarse de la exposición del jefe del Gabinete y, si éste logra realizar la décima parte de la lista de promesas y mantenerse en funciones hasta julio de 2026, el país, en algo, lo agradecerá. Empero, no ocultamos las dudas, máxime si uno de los populistas ofrecimientos es la instalación de una comisión para deliberar por enésima vez si el Perú se retira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando la denuncia de su tratado constitutivo es competencia de la gobernante de turno. Como dijo alguien sobre los asuntos espinosos: si quieres que no se resuelva el tema, crea una comisión.
Sin embargo, hay otra razón y de peso que ensombrece el camino del flamante presidente del Consejo y, por ende, del gabinete ministerial. El hoy titular de la PCM ha sido denunciado constitucionalmente ante el Parlamento por el expresidente PPK por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y abocamiento ilegal de proceso en trámite, y por infracción a la Carta, sancionada con inhabilitación para el ejercicio de la función pública. ¿Por qué? Nada menos que por haber impedido su viaje al extranjero sin existir medida de coerción procesal vigente, comunicándose para ello con la mismísima presidenta del Poder Judicial y provocando que se restrinja irracional y arbitrariamente su derecho a la libertad de tránsito, que ahora ha sido nuevamente denegado. Lo peor de todo es que el pez por la boca muere, puesto que el propio Arana ha reconocido públicamente la conversación e intromisión, aunque sosteniendo que sus declaraciones fueron “malinterpretadas”. A otro con ese hueso. A confesión de parte, relevo de prueba, reza una vieja locución romana.
Queda ver si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actuará en consecuencia ante la flagrancia. O si el desvergonzado pacto de facto de supervivencia a ultranza Ejecutivo-Mayoría del Legislativo nos sale pilatunamente con otra lavada de manos hasta el fin de este nefasto quinquenio. ¡Amén!
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