Dos comentarios al paso
Mientras nos empapamos sobre lo ocurrido en estos lares, van dos asuntos que jalan la atención y, en especial, el primero con repercusión internacional. Nos referimos al caos que padece el Santuario Histórico de Machu Picchu, Maravilla de la Humanidad, y el desaguisado judicial que ordena el pago de la pensión vitalicia a un expresidente golpista inhabilitado por infracción constitucional y procesado penalmente. Vayamos por partes y cucharadas.
Lo que sucede con la extraordinaria llacta cuzqueña, declarada patrimonio universal, no es nuevo. Empero, no solo empeora, sino que compromete al país ante el mundo. Las organizaciones mafiosas que la han tomado como botín ante la total inoperancia, fruto del desgobierno nacional y local, afectando la debida venta de las entradas y el acceso a la joya arqueológica, han terminado espantando el turismo receptivo y poniendo por los suelos la imagen y el prestigio del Perú. Como alguien nos dijo en el extranjero: ustedes están matando la gallina de los huevos de oro y, a causa de ello, su país, tan bendecido por su pasado histórico y la naturaleza, no llega ni al 10 % de los recursos turísticos que percibe México, a pesar de sus problemas internos. Y con tan desastroso panorama, ni siquiera el Parlamento que tenemos es capaz de censurar al ministro dizque de Cultura. Conclusión, aunque sea pedir peras al olmo: sin autoridad y orden público será imposible superar la crisis que condena a Machu Picchu.
Lo de la orden judicial en favor del nefasto Castillo resulta indignante y vergonzoso por donde se mire. El intonso magistrado sostiene en la resolución de marras que, como a otro exmandatario se le restituyó la pensión vitalicia, lo mismo procedía en este caso. Craso error, por no decir prevaricación. En aquel, si bien fue indultado, ello no legitimaba —ni legitima— el pago por contravenir lo dispuesto expresamente por la Ley N.º 26519, que establece que esta pensión queda suspendida cuando el Congreso de la República haya formulado acusación constitucional contra el beneficiario. Como reza un antiguo apotegma jurídico, el error no es fuente de derecho y, en consecuencia, ambos errores son ilegales. Es más, Castillo es reo de Estado por la tentativa de perpetrar el crimen contra el orden constitucional y, con mayor razón, no merece un centavo. Si aún existe Estado de derecho, la Sala Superior revisora debe fulminar de plano este despropósito. ¡Amén!
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