Confianza apenas
El titular puede resultar confuso. No nos referimos a la reciente investidura del Consejo de Ministros y al voto de confianza otorgado por el Parlamento a su Presidente y Gabinete. Ello fue un ritual prácticamente cantado por esa suerte de pacto fáctico que existe entre la variopinta mayoría del Congreso y el Ejecutivo y que puede resumirse en nos quedamos todos hasta julio del 2026 pase lo que pase. En una situación normal, nadie podría discutir la legalidad y legitimidad de la representación institucional de ambos Poderes del Estado, pero cuando la totalidad de las encuestas arrojan un rechazo ciudadano a uno y el otro de alrededor del 90 %, poca duda queda de que la frágil gobernabilidad o la Democracia híbrida que subsiste en el país se sostiene objetivamente porque, dada la realidad y las condiciones políticas y sociales, no existe –todavía– alternativa menos mala para enrumbar a la Nación. Por lo demás, alguien diría que el próximo año ya empieza la campaña electoral así que para qué zapatear si falta poco para salir de esta penosa coyuntura, no importando si como vamos y en las manos de quienes vamos el riesgo sea que la cosa pudiese ser aún peor en un par de años. En cristiano: Entre el Ejecutivo y el Legislativo se repartieron la “confianza”, más la CONFIANZA que requiere el Perú para retomar el crecimiento y desarrollo continúa en veremos.
Aclarado que el asunto no es la dichosa cuestión de confianza congresal, el problema es que apenas a semana y media de que el Gobierno presentó entusiasta su Política General ofreciendo el restablecimiento del orden y la seguridad públicas y la reactivación económica principalmente basada en la inversión privada, las primeras señales no son auspiciosas. Dos ejemplos: El Megaproyecto del puerto de Chancay cuyo estreno este año será la joya durante el desarrollo de la Cumbre de APEC, ha sido torpemente zarandeado por una demanda judicial incoada por la Procuraduría Pública del sector dando la nefasta imagen internacional de que se alteraban las reglas de juego y de paso la seguridad jurídica constitucional. En la provincia liberteña de Pataz, en pleno estado de emergencia y se supone bajo la ejecución y protección de un Comando Unificado Militar-Policial, dos torres de electricidad y un trabajador de la concesión minera “Poderosa” fueron derribadas y asesinado, respectivamente, por los llamados mineros informales aliados al crimen organizado y Dios sabe qué más sigue pasando allá. Y no proseguimos con lo que ocurre con el proyecto aeroportuario de Chinchero; los turbios relojes y finanzas de doña Dina; el presunto encubrimiento del prófugo Cerrón, etc., etc.
Así, la confianza en el Régimen de turno resulta difícil y el que pierde es el Perú. No falta mucho para julio del 2026, pero puede ser demasiado si vamos como vamos. ¡AMÉN!
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