A.N.T.A.U.R.O. es (de) Antauro

Hace un par de meses y medio advertimos sobre el fraude de ley que significaba –y significa– la inscripción de la denominada “Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros”; en pocas palabras A.N.T.A.U.R.O., como partido político al ser éste una organización de fachada por su estatuto e ideario supuestamente democrático, pero que en los hechos su real finalidad es servir instrumentalmente al proyecto político antidemocrático públicamente conocido de Antauro Humala responsable en el 2005 del “Andahuaylazo” intentona insurreccional que costó la vida a cuatro policías. Por este crimen, Humala fue condenado y recluido en prisión hasta hace poco más de año y medio. Hoy, sin haberse arrepentido un pelo sino todo lo contrario, recorre calles y plazas esparciendo su afiebrado mensaje etnonacionalista, etnocacerista, fascista y violentamente racista satisfecho del fraude a la ley perpetrado al JNE y convencido de lo bobalicón que puede ser el Estado Democrático y Constitucional peruano.

Pocos días atrás, el impresentable Salas Arenas, Presidente del JNE manifestó que como la sigla A.N.T.A.U.R.O. no constaba en la inscripción partidaria y el que fue reo de Estado sólo aparecía en condición de “militante”, no existía impedimento alguno. Es como decir que N.A.Z.I es otra cosa que NAZI y a ver si se lo cree su abuela.
La nefasta inscripción del Partido de marras es a todas luces fraudulenta ya que su estatuto e ideario no es más que una grosera simulación formal con el objeto de “cumplir” con los requisitos del ordenamiento jurídico que transgreden a diario y a nivel nacional su capitoste y secuaces integrantes de la dirigencia. Sin embargo, aunque tarde, no todo está perdido salvo que estemos dispuestos a perderlo. A requerimiento de un Congresista, la Fiscalía de la Nación “ha dispuesto que se realice las diligencias y se recabe la información respecto de la organización política A.N.T.A.U.R.O” (ojo, Salas Arenas, lo identifica por la sigla), a fin de evaluar si se aplica lo normado por el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Dicho en cristiano: la disposición fiscal tiene el propósito de determinar si procede pedir a la Corte Suprema de Justicia la declaración de ilegalidad y consiguiente cancelación de la inscripción del espurio Partido debido a sus actividades contrarias a los principios democráticos. A pesar del bolondrón en que se encuentra el Ministerio Público, esperamos que actúe en defensa del sistema constitucional y contribuya a enmendar la aberración cometida por el Pleno del JNE.

Hay algunos que piensan que esta indispensable iniciativa sólo le daría propaganda y victimizará al demagogo Antauro Humala en la arena política y, eventualmente, electoral. Creemos lo contrario, primero porque es un mandato del Estado de Derecho que todavía subsiste en la República y, segundo, porque aún si así fuese tocará a los partidos auténticamente democráticos –ojalá unidos para variar– plantarle cara y evitar que la Nación vuelva a caer en manos de un régimen antisistema y antidemocrático peor que el sufrido en el 2021. ¡AMÉN!

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