Luis García Miró Elguera

Un nuevo escándalo generado por los invasores del centro de estudios que, ilícitamente, se hace llamar Pontificia Universidad Católica, es esta vez su patrocinio a un esperpento que atenta frontalmente contra la religión católica. Uno que exhibe la indigna obra teatral llamada María Marión, refiriéndose a la Virgen María.

Resulta pueril y constituye una burla al ciudadano que el gobierno se empeñe en rasgarse las vestiduras por boca de algún ministro —inclusive de la propia presidenta, Dina Boluarte— rechazando la demanda popular para que las autoridades pongan freno al tsunami criminal que viene diezmando a nuestra población. El motivo del reclamo ciudadano es justificado.

Raúl Pérez Reyes, incompetente ministro de Transportes y Comunicaciones, sigue dejando de hacer y dejando pasar las cosas, impulsado por su ineptitud para ejercer el cargo de ministro del sector responsable de ejecutar las indispensables obras de infraestructura que, desesperadamente, demanda la sociedad.

Prueba de que la justicia sigue en manos de Gorriti y su guarida de caviares es que, no obstante, el fiscal Walter Villanueva formulara investigación preliminar contra Susana Villarán y sus compinches caviares —imputándoles haber receptado once millones de dólares en coimas provenientes de contratistas brasileñas, como OAS y Odebrecht; tal cual la propia exalcaldesa Susana Villarán declaró el 1

El esperpento ‘María maricón’ —un atentado contra la religión católica, producido por la secta LGTB y financiado por el Estado— no consiguió ser exhibido en el teatro de la Universidad Católica, tras el rechazo popular.

No solo es escandalosa la debacle peruana en el plano jurisprudencial, tras fracasar estrepitosamente el abyecto proceso para penalizar a los culpables del affaire Lava Jato. Además, ese fracaso probablemente nos cueste otros centenares de millones de soles, sumados a los ya invertidos en papel, tinta, planillas, viajecitos, corruptelas, etc., por la Fiscalía de la Nación.

Desde todo punto de vista, el “Proceso Lava Jato” en el Perú es una infamante trama política, fabricada para exculpar a Odebrecht y, de carambola, culpar de todo lo malo que ocurra en el ambiente político nacional a aquellos que se opongan a esa infame mafia caviar que se ha apoderado de nuestro Estado, tras un vulgar golpe de Estado revestido de perversa complicidad judicial.

A cuatro meses de la muerte de Alberto Fujimori Fujimori, fundador de la dinastía política fujimorista, podemos especular que, formalmente, el partido político fundado por la hija de este, Keiko Fujimori Higuchi, hoy no abrigaría los principios, esperanzas ni las grandes aspiraciones que tuvo su padre respecto a la concepción del país que, con gran esfuerzo y éxito, estableció a lo largo del ti

Como parte de su estrategia de defensa a Odebrecht, a su socio principal, José Alejandro Graña Miró Quesada, y demás delincuentes de cuello y corbata —quienes han estafado a nuestro país robándole decenas de miles de millones de dólares vía “contratos de adjudicación” para megaobras—, resulta que la “gran prensa”, más propiamente “la prensa corrupta” o “prensa canalla” conformada por El Comerci

Últimamente, EXPRESO denunció la amenaza de muerte recibida por el abogado Luis Pacheco Mandujano, proveniente de los fiscales Rafael Vela, José Pérez, Zoraida Ávalos; la procuradora Silvana Carrión y otros funcionarios del Ministerio Público sospechosos de fallecimientos relacionados con la corrupción de Odebrecht.

El totalitario —según los caviares—, el expresidente Alberto Fujimori, emitió la Ley 26994, que otorgó beneficios complementarios a los terroristas que, por entonces, venían purgando condena conforme a la Ley 26655, también dada por Fujimori. Beneficios que incluían indultos y derechos de gracia.

El Perú atraviesa por una etapa de descomposición sociopolítica sin precedentes, sin considerar el serio problema de la inestabilidad económica y financiera motivada por tanto mediocre que viene ejerciendo el cargo de ministro de este trascendente sector.

Ernesto de la Jara, caviar subvencionado por el especulador transnacional George Soros vía la oenegé IDL –fundada entre muchos por De la Jara– acaba de amenazar a la flamante Fiscal de la Nación, Doña Delia Espinoza. Pongamos las cosas en perspectiva. De la Jara fue un cercano amigo y defensor a ultranza de sucesivos y cuestionados fiscales de la Nación, como Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.

Sabemos que es pedirle peras al olmo. Sin embargo, necesitamos insistir porque el país sigue deslizándose por una pendiente cada vez más resbalosa, que lo llevará, indefectiblemente, al despeñadero del caos.

Texto en capitular el primer párrafo ¿Quién es responsable de tantas infames decisiones de jueces y fiscales que lastiman no sólo el patrimonio estatal —es decir, el suyo, amable lector— sino que benefician a los causantes de tales perjuicios y a su círculo amistoso? En este sentido, el affaire Lava Jato es un caso emblemático.

La mayoría de los peruanos de hoy no conoció los terribles efectos que vivió el Perú tras la crisis económica de finales de los años ochenta, cuando este país quebró y hubo que imponer un plan de recuperación cuyos efectos —si bien acabaron siendo espectaculares— demandaron un año y medio de absolutamente difíciles, dolorosos y traumáticos resultados, que pauperizaron a la población.

Debiera ser la oportunidad para que el Perú recobre el Estado de derecho y reponga la virtud del sistema democrático que mantuvo incólume, hasta que lo perforó la corrupción con Alberto Fujimori; y siguieron taladrándolo Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Nunca olvidemos –por más que haya pasado demasiado tiempo, amable lector– que el Estado peruano sigue estando en manos de incontables incapaces profesionales. Si un principiante quisiera conseguir algún trabajo –sin saber leer ni escribir–, pues ahí tiene las puertas abiertas del Estado.