Castiguemos severamente a quienes asaltaron el Estado

Desde todo punto de vista, el “Proceso Lava Jato” en el Perú es una infamante trama política, fabricada para exculpar a Odebrecht y, de carambola, culpar de todo lo malo que ocurra en el ambiente político nacional a aquellos que se opongan a esa infame mafia caviar que se ha apoderado de nuestro Estado, tras un vulgar golpe de Estado revestido de perversa complicidad judicial.
En recientes declaraciones a EXPRESO, la hoy exprocuradora del Estado Katherine Ampuero se mostró indignada porque, pese a que mundialmente Perú fue el segundo país más dañado por la onda corrupta de la constructora Odebrecht, todo quedaba en nada, debido a la política expansionista del primer gobierno del comunista Lula da Silva y a la corrupción de la Fiscalía y el Poder Judicial peruano.
Recordemos que, meses antes de que estallara el escándalo en nuestro país, Odebrecht pagó a Estados Unidos US$ 2,600 millones por reparación civil, tras reconocer que había sobornado a muchos funcionarios para adjudicarse contratos.
Simultáneamente, tanto por la conducta de los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez como del juez Concepción Carhuancho —y otros sujetos que fungen de operadores de la “justicia peruana”—, fuimos testigos de su accionar delincuencial, abiertamente orientado a engañar a los peruanos. En efecto, día tras día, algunos rateros disfrazados de jueces y fiscales retenían expresamente los respectivos procesos iniciales que, suponíamos, darían paso al comienzo de juicios orales; pero todo estaba planificado para que aquello ocurriera diez o veinte años después.
De esa manera, los fiscales Vela y Pérez esperaban que Odebrecht y sus cómplices no fueran implicados en el robo de US$ 20,000 millones perpetrado por Odebrecht al Estado peruano. Para ello, esos fiscales escondieron el pacto criminal y secreto que ambos sellaron con Odebrecht, confirmando su papel de asaltantes del Estado peruano, contra el cual pactaron condonar a Odebrecht todos los crímenes que esta había perpetrado, a cambio de que entregara al Perú los “sobrenombres” de aquellos peruanos (presidentes de la República, parlamentarios, ministros, periodistas, etc.) que colaboraron con Odebrecht para facilitarle tamaño asalto a nuestro Estado.
Al final, sin embargo, Odebrecht solo entregó una lista incompleta e ilegible, conteniendo un sinnúmero de datos cifrados sin explicación alguna, contraviniendo aquello que estos falsarios —Vela y Pérez— habían manifestado a la opinión pública que ya habían conseguido.
Como consecuencia, ambos fiscales estafaron al Estado —a usted— para favorecer a la corrupta constructora multinacional, incluyendo a aquellos delincuentes locales que recibieron coimas de Odebrecht, como esos cuatro expresidentes, exministros, excongresistas, diversos jueces, fiscales e incluso periodistas. Todos involucrados en este asalto al país, actuando como una banda criminal expresamente establecida para robarle a usted, amable lector.
Resulta, pues, indispensable que el Congreso constituya —con la urgencia del caso— una comisión investigadora con gente proba, asesorada por técnicos impecables, para que se aboquen a investigar y procesar a esta manada de felones, organizados criminalmente para esquilmar al Perú, fungiendo de sacrosantas autoridades. No hacerlo ahora mismo abrirá las puertas para que esta tara criminal se repita una, otra y otra vez.

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