Los culpables del fraud

Texto en capitular el primer párrafo ¿Quién es responsable de tantas infames decisiones de jueces y fiscales que lastiman no sólo el patrimonio estatal —es decir, el suyo, amable lector— sino que benefician a los causantes de tales perjuicios y a su círculo amistoso? En este sentido, el affaire Lava Jato es un caso emblemático.
Tras haber perdido una década “investigando” tamaño desfalco —que le ha costado muchos miles de millones de dólares a nuestro Estado; por tanto, a usted, amable lector—, a estas alturas y gracias a denuncias de medios periodísticos como EXPRESO —e iniciativas como la del broadcaster Phillip Butters—, el Perú recién consiguió tomar conocimiento de que ambos fiscales, Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, delinquieron perjudicando el patrimonio nacional.
¿Cómo así? ¡Escondiendo un pacto secreto firmado por este último y autorizado por el primero! ¡Hablamos del “pacto” de ambos fiscaletes Vela y Pérez para condonar las fechorías a Odebrecht, estafando al Perú por miles de millones de dólares sin posibilidad de recuperar ese patrimonio! Porque fue aquella, amable lector, la intención del pacto secreto suscrito entre Odebrecht y José Pérez Gómez, y autorizado por Vela Barba en eventual connivencia con Odebrecht. Por tanto, un pacto gangrenado.
En consecuencia, ¿a qué instancia debemos apelar los peruanos para recuperar este multimillonario patrimonio perdido por la estafa de un bribón apellidado Pérez Gómez, apoyado por su compinche apellidado Vela Barba, en connivencia con la corruptora Odebrecht? Y ¿por qué método debe exigirse que dicho pacto secreto, contrario al interés del Perú, no comprometa a nuestro país?
¿Ante quiénes debe demandarse a Odebrecht para que pague todo lo que nos robó, incluyendo indemnizaciones por daños, perjuicios, etc.? Finalmente, ha llegado el día en que el Perú defina cuál poder del Estado está encargado de rendir cuentas ante los treinta y tres millones de peruanos por aquellas interrogantes que hemos planteado.
Toda esta trapacería grafica el grado de descomposición que soporta nuestro sistema jurídico desde hace un cuarto de siglo, cuando Toledo asumiera el poder como presidente —coludido con Odebrecht— para robar ad infinitum. Eso mismo hicieron Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra; mientras este último, junto con Pedro Castillo, además daban golpes de Estado robando sin pudor.
¿Bajo qué argumento y con autorización de quién un pacto suscrito a nombre de la Nación por un fiscal —autorizado a firmar por otro fiscal— permaneció escondido dos años, sin que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo exijan a un juez que abra instrucción y siente en el banquillo a Vela Barba y Pérez Gómez, impulsores de la estafa?
Asimismo, ¿quién responderá por tamaño fraude? ¿Y ante quién debe recurrir nuestro indignado país para demandar que este pacto —firmado por un tal Pérez, prepotentemente autorizado por otro tal Vela— sea anulado porque violenta las normas universales relacionadas a acuerdos adoptados por terceros “a nombre de un Estado”?
Al margen de esa respuesta, ¡Odebrecht debe devolver todo lo que nos ha robado, junto con Graña Miró Quesada, e indemnizarnos puntualmente!

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