Luis García Miró Elguera

La acumulación de vacancias presidenciales que viene acumulando el Perú ya ha dejado de ser una simple anomalía política, para convertirse en amenaza estructural contra nuestro desarrollo socioeconómico.

La reciente actitud de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hacia el Perú confirma su preocupante continuidad ideológica con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Un desconcertado Perú, traumado por la vacancia presidencial, enfrenta una terrible realidad: la Constitución permite que un simple cogollo mayoritario de legisladores designe presidente del país a uno de los suyos, para que gobierne sin estar debidamente calificado profesional, moral ni intelectualmente para hacerlo.

Hasta el jueves 9 de octubre, Dina Boluarte todavía creía que gobernaría “de la mano del Congreso”. Su respaldo parecía firme: Fuerza Popular y Alianza para el Progreso habían sostenido su mandato. Pero a la madrugada del viernes, el Pleno del Congreso la vacó por 122 votos a favor, ninguno en contra. Lo sorpresivo del hecho, así como la unanimidad congresal, fue brutal.

Ayer el país amaneció con la súbita presentación de otra moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, respaldada por 105 congresistas. Esto, a seis meses de las elecciones de abril de 2026, no es una nueva mascarada política, sino otra seña de alarma institucional.

A seis meses de las elecciones generales, nos enfrentamos a una encrucijada institucional que, más que discursos, demanda coherencia. La presidenta Dina Boluarte, heredera constitucional de un gobierno presidido por un comunista vacado por intento de golpe, tiene la responsabilidad de predicar con el ejemplo.

Dina Boluarte debe evitar que nuestro país se convierta en otra Venezuela, Bolivia o Colombia. Nuestra historia reciente está marcada por una secuencia de rupturas institucionales, que han debilitado la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

Dos comisiones Lava Jato fueron conformadas en el Congreso peruano, entre los años 2016 y 2018. Su objeto: “determinar responsabilidades en corrupción.” Los informes fueron enviados al Fiscal de la Nación para “las investigaciones respectivas”.

Reformar la justicia no solamente es cambiar nombres. Es devolverle al ciudadano la confianza en que la ley y el derecho pueden constituir su defensa, no su condena. La reforma judicial que viene debatiendo el Congreso es un buen paso, aunque insuficiente. Salvo que esté acompañada de garantías institucionales, participación ciudadana y reformas procesales profundas.

La decisión del presidente norteamericano Donald Trump —y del Secretario de Estado, Marco Rubio— de reabrir casos emblemáticos de corrupción —como el de Odebrecht— no solamente reviste implicancias judiciales, sino que configura una estrategia política con múltiples efectos positivos, tanto regionales como internacionales.

La corrupción, tanto local como internacional, no solo se mide por los sobornos pagados y los perjuicios sociales, políticos y económicos derivados de aquello, sino por todo lo que esto genera. Particularmente cuando ciertos nombres, empresas y proyectos quedan fuera del escrutinio de la Justicia.

Las recientes declaraciones del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, exacerbando las violentas protestas juveniles contra el sistema de pensiones, han generado una ola de simpatía en sectores afines a las izquierdas más violentas, en pleno inicio del ambiente electoral con miras a los comicios de abril del año entrante.

El conflicto entre Rutas de Lima S.A.C. (RLSAC), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y diversas entidades del Estado peruano ha motivado que los socios de esa empresa inicien su proceso de disolución y liquidación, amenazando con presentarse ante instancias internacionales para embargar al Estado.

En tiempos electorales, las encuestas de opinión en Perú dejaron de ser instrumentos técnicos de medición ciudadana para convertirse, en muchos casos, en herramientas de distorsión democrática. Cada vez más, sus resultados se asemejan a propaganda pagada, respaldada por el prestigio residual de encuestadoras que antaño ofrecían lecturas serias del pulso nacional.

Nuestro país necesita transformar su sistema de Justicia. Hemos tocado fondo, hundidos por la politización de la justicia y la judicialización de la política; ambas lacras, institucionalizadas en el país por la izquierda.

En cuanto al contexto histórico y territorial del conflicto en Gaza, la referencia a los filisteos como ancestros de los gazatíes es discutible, por discontinuidad directa con la población palestina actual. Respecto al Mandato británico y partición de 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional.

Rosa María Payá Acevedo, nacida en La Habana en enero de 1989, es una activista cubana por los derechos humanos y la democracia. Es la hija de Oswaldo Payá, líder opositor del castrismo y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, muerto en 2012 en circunstancias controvertidas. ¡Lo que Rosa María y organismos internacionales consideran un asesinato político!

Perú consume 300,000 barriles diarios de combustibles. Se cubre con 40,000 bbl/día de crudo que extrae Perupetro y refina Petroperú, y mediante la importación del saldo que también importa y refina Petroperú, que ahora debe US$11,000 millones; gran parte de ellos enterrada al construir una refinería que, teóricamente, produce 90,000 barriles/día.