La farsa electoral peruana

En tiempos electorales, las encuestas de opinión en Perú dejaron de ser instrumentos técnicos de medición ciudadana para convertirse, en muchos casos, en herramientas de distorsión democrática. Cada vez más, sus resultados se asemejan a propaganda pagada, respaldada por el prestigio residual de encuestadoras que antaño ofrecían lecturas serias del pulso nacional. Hoy, muchas de ellas operan como dispositivos de manipulación masiva, afectando gravemente la credibilidad del sistema el
Aunque las encuestas pueden cumplir una función legítima en contextos bien regulados, en el Perú la confianza ciudadana hacia estos estudios ha caído a niveles alarmantes. En múltiples casos, los resultados publicados han estado seriamente reñidos con la verdad, generando expectativas falsas y condicionando el voto de sectores vulnerables a la influencia mediática.
Un ejemplo paradigmático es la portada del diario El Comercio del domingo 4 de abril de 2021, publicada solo una semana antes de las elecciones presidenciales. Según el simulacro de votación hecho por Ipsos-Apoyo, Yonhy Lescano lideraba las preferencias con 14.7 % de votos válidos, seguido por Hernando de Soto (13.9 %), Verónika Mendoza (12.4 %), George Forsyth (11.9 %), Keiko Fujimori (11.2 %) y Rafael López Aliaga (8.2 %). Sin embargo, los resultados oficiales del proceso electoral fueron radicalmente distintos: Keiko Fujimori obtuvo 13.41 %, López Aliaga 11.75 %, De Soto 11.63 %, Lescano 9.07 % y Mendoza 7.86 %. La discrepancia es notoria y vergonzosa, y sugiere una intención deliberada de manipular el escenario electoral.
Este episodio no puede entenderse como un simple error metodológico. La publicación de datos erróneos en la recta final de una elección, por parte de un medio con intereses políticos definidos y una encuestadora vinculada, constituye una grave amenaza a la transparencia democrática. Las consecuencias de esa distorsión fueron profundas: la llegada al poder de Pedro Castillo, con su conocida orientación radical, generó una crisis institucional cuyas secuelas sociales, políticas y económicas aún se sienten.
Lo más alarmante es que el Perú carece de un marco normativo robusto para regular estas prácticas. No existe un registro obligatorio de encuestadoras ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ni se exige la publicación completa de la ficha técnica, el margen de error, el método de recolección, el financiamiento ni los responsables del estudio. Tampoco hay sanciones por manipulación o falsedad, ni auditorías independientes que permitan el control ciudadano. La publicidad electoral, por su parte, opera sin verificación de tarifas ni fiscalización de pagos.
Mientras este vacío legal persista, los peruanos seguirán votando bajo condiciones de manipulación. Entre una autoridad electoral cuestionada —como la presidida por Jorge Luis Salas Arenas— y una prensa concentrada, ideologizada y poco transparente, el proceso electoral se convierte en una farsa donde los elegidos no siempre representan la voluntad popular, sino los intereses de quienes controlan la narrativa.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.