El vergonzoso caso Weissmann y Rutas de Lima
La corrupción, tanto local como internacional, no solo se mide por los sobornos pagados y los perjuicios sociales, políticos y económicos derivados de aquello, sino por todo lo que esto genera. Particularmente cuando ciertos nombres, empresas y proyectos quedan fuera del escrutinio de la Justicia. Es el caso Odebrecht, que sacudió toda Latinoamérica y expuso redes de colusión entre constructoras, políticos y funcionarios; y hoy vuelve a la escena con una patraña que merece atención.
Resulta que el fiscal estadounidense Andrew Weissmann suscribió un “Acuerdo de Culpabilidad” con Odebrecht en 2016, tras haber lavado miles de millones de dólares a través de bancos norteamericanos. Aquello la obligó a pagar US$ 2,600 millones al Estado norteamericano. Pero Weissmann omitió declarar en aquel acuerdo su vinculación profesional con Brookfield Asset Management, empresa que tenía el 57 % de las acciones de Rutas de Lima.
La revelación, publicada por EXPRESO, basada en una investigación de la periodista norteamericana Catherine Herridge —premiada por su extraordinario trabajo en asuntos de seguridad nacional— plantea una cuestión previa: ¿puede un fiscal —que negocia un acuerdo de alcance global con dos partes— omitir adrede un tema de interés personal, como es mantener un vínculo profesional con una de las partes del problema; en este caso, con Rutas de Lima?
Rutas de Lima es un símbolo del abuso contractual blindado de los peajes —con plazo de duración abusivamente extendido— a cambio de pagarle US$ 11 millones a la exalcaldesa Susana Villarán por obras nacidas del soborno. Su exclusión del acuerdo global pactado con Odebrecht, reduciendo al mínimo las penalidades —suscrito a escondidas por los fiscales Vela y Pérez— no solo magnifica el perjuicio, sino que insulta la memoria judicial de una nación que lucha por entender la magnitud del saqueo.
La investigación en curso, impulsada por el fiscal general de EE. UU., Edward R. Martin Jr., busca esclarecer si Weissmann incurrió en conflicto de interés al no declarar su relación con Brookfield, representada por el bufete Jenner & Block, del cual era socio. Si se confirma semejante omisión, estaríamos ante una gravísima distorsión del principio de imparcialidad que debe funcionar en toda negociación judicial, más aún cuando se trata de acuerdos que afectan a varios países.
Pero más allá del caso personal, lo que está en juego es la credibilidad de la justicia internacional. El Perú, como otros países latinoamericanos, confiaba en los acuerdos firmados por el Departamento de Justicia de EE. UU. para acceder a informaciones clave, perseguir a responsables y recuperar activos. Si estos acuerdos fueron negociados con omisiones deliberadas, la justicia norteamericana se convierte en simulación.
Este episodio demanda una respuesta firme del Estado peruano. No basta indignarse: hay que exigir explicaciones, revisar los términos del acuerdo y defender la soberanía judicial. La lucha contra la corrupción no puede depender de fiscales que negocian con empresas, mientras callan comprometedores vínculos personales. La memoria de los pueblos no se negocia. Y la justicia, si quiere ser tal, debe empezar por no omitir.
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