Elizabeth Zea Marquina

En un país como el Perú hablar de inclusión social supone una serie de retos permanentes y constantes para el Estado. Se presente como un proceso que permite mejorar habilidades y oportunidades a favor de personas, que por su identidad se ven excluidas de participar en el desarrollo económico y social por estar en desventaja.

Las intensas precipitaciones que se presentan en diversas regiones, sobre todo en el Norte y Centro de nuestro país, están dejando miles de familias damnificadas que lo han perdido todo, muchas de ellas posesionarias de viviendas precarias en las riberas de los ríos, desde hace décadas.

Esta es, quizás, la columna más honesta que usted leerá en torno a lo que significa ser mujer y nuestras legítimas demandas que lamentablemente, gracias a la victimización de grupos que se dicen feministas, no nos ha llevado hacia el camino añorado de real igualdad material forjada en la ley, aquella capaz de hacernos visibles en un mundo de negacionismo y extremismos que operan a favor de ideo

Mas allá del carácter no vinculante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta sirve de base a los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el Perú y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

La proliferación de las acciones de amparo contra las atribuciones del Congreso se ha hecho recurrente frente a actos que no se han llegado a concretar y en algunos casos han sido interrumpidos en su gestación alegando un peligro inminente de vulneración de derechos.

Las libertades y los derechos no son absolutos pues se someten a lo establecido por la Constitución y la ley garantizando que, al ejercerlos, no vulneren los derechos de los demás, o vayan en contra de la seguridad u otros bienes jurídicos protegidos conexos al bien común.

Hace pocos días se aprobó en Argentina la denominada “Ley Lucio” cuya iniciativa tiene su origen en el execrable asesinato del niño Lucio Dupuy cometido por dos mujeres, la madre del menor y su pareja.

Hablar de los derechos humanos de los policías es algo proscrito por la izquierda radical. Según su interpretación, al formar parte del Estado como agentes de las fuerzas del orden, automáticamente, dejan de ser personas, de poseer dignidad.

A la fecha, se han presentado dos denuncias contra Dina Boluarte y sus ministros de Estado ante instancias internacionales por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los más de 50 peruanos fallecidos en medio de las protestas violentas desatadas en el contexto de un estado de emergencia, régimen de excepción de carácter jurídico reconocido y desarrollado no solo por nuestro ord

Vivimos en medio de una polarización marcada por heridas que no han terminado de sanar.

La convulsión social que se vive en el interior del país se produce en regiones en las que las carencias económicas, las escasas oportunidades y la falta de acceso a servicios públicos básicos son las principales características.

Dice la teoría penal: las penas privativas de la libertad cumplen la finalidad de resocializar y reinsertar a la sociedad al penado.

La Constitución de 1993 acaba de cumplir 29 años y su existencia sigue siendo un tema de discusión.

La paz es un derecho humano. El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas proclama la paz como un propósito, que se logra al prevenir y eliminar cualquier tipo de amenaza o daño. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona en su preámbulo a la paz como un principio que, junto a la libertad y a la justicia, tienen como base a la dignidad humana.

Tradicionalmente, se ha escrito sobre la función policial desde el enfoque de los derechos humanos, es decir, desde el rol que cumple como institución del Estado encargado de velar por la seguridad y el orden interno en nuestro país, garantizando el libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Quien iba a pensar que el propio Pedro Castillo se dispararía a los pies tomando la decisión de dar un golpe de Estado con cero respaldo, producto de su desesperación y angurria de poder, creyéndose todopoderoso; esa soberbia que al final le pasó la factura con la deslealtad de su gente mas cercana.

La visión de James Madison al concebir el “check and balance”, elemento esencial del principio de separación de poderes, es entender la naturaleza del hombre con poder para gobernar y que requiere de mecanismos de control y equilibrio que impidan al gobernante, seducido por la ambición, vulnerar derechos de los gobernados.

Cada 25 de noviembre es una oportunidad para visibilizar la lucha contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas. Una problemática que exige del Estado un verdadero compromiso para erradicar esta violencia tan normalizada en una sociedad machista que aún se niega a reconocer el ejercicio pleno de sus derechos.