La prevención inexistente

Las intensas precipitaciones que se presentan en diversas regiones, sobre todo en el Norte y Centro de nuestro país, están dejando miles de familias damnificadas que lo han perdido todo, muchas de ellas posesionarias de viviendas precarias en las riberas de los ríos, desde hace décadas. Solo en la región Lima, 57 de las 60 quebradas se encuentran activadas, lo cual nos habla de un panorama desalentador. Esta desgracia ha obligado a movilizarse a las autoridades y a la sociedad solidaria con kits de alimentos, agua, carpas y maquinaria pesada. Pero no es suficiente.

Debemos terminar con esta mala costumbre de respuestas estatales para salir del paso y no para dar soluciones reales que eviten este tipo de desgracias. Desde el 2017, contamos con la llamada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) creada para afrontar los efectos del Niño costero, una instancia cuyo Plan Integral pasó de tener 25 mil 655 millones a 50 mil 833 millones de soles y que supuestamente estaría destinado a dar la solución definitiva a las obras de manejo de cuencas y defensas ribereñas.

Es imposible creer que después de seis años de su creación, de contratar funcionarios y consultorías, miles de peruanos sufren las consecuencias de la ineficiencia y la falta de transparencia en la gestión. De acuerdo a su portal web, los proyectos de intervención en puntos críticos de ríos y cuencas parecen estar suspendidos, además de las labores de limpieza y descolmatación. Todas estas obras son parte de la estrategia de intervención inexistente de esta Autoridad Nacional.

De otro lado, no solo Senamhi sino Cenepred emitieron sendos informes desde septiembre de 2022 sobre los posibles escenarios de precipitaciones a nivel nacional, realizando recomendaciones que debían implementarse por el Poder Ejecutivo para prevenir y reducir el impacto frente al posible riesgo muy alto de los huaicos y deslizamientos. Sin embargo, el gobierno de Castillo, haciendo gala de su incapacidad, decidió ignorar las recomendaciones técnicas de estas instituciones.

Frente a esta realidad, nos preguntamos si los derechos a una vivienda digna o al agua y saneamiento garantizados en nuestro ordenamiento jurídico son eficaces, si se cumplen. Aquí el problema no es normativo, tampoco es presupuestal, es de una pésima gestión a cargo de un Estado burocrático que no sabe articular, que despilfarra el presupuesto en gastos intrascendentes, funcionarios incapaces y propensos a corromperse, sumado a la indiferencia de las autoridades que solo piensan en los más vulnerables en época electoral. Hemos pasado por una pandemia larga que desnudó la decadencia de nuestro sistema de salud pública y hoy los huaicos e inundaciones revelan la inoperancia de un sistema de gestión de desastres y de una autoridad creada para dar puestos de trabajo pero no para prevenir desgracias.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.