Nuestra policía y sus derechos

Hablar de los derechos humanos de los policías es algo proscrito por la izquierda radical. Según su interpretación, al formar parte del Estado como agentes de las fuerzas del orden, automáticamente, dejan de ser personas, de poseer dignidad. En ningún tratado internacional o convención encontrarán que exceptúan a los policías del derecho a la vida o a cualquier otro derecho de naturaleza individual, económico o social; claro se entiende que al ser servidores públicos, tendrán ciertas restricciones y deberes que cumplir en el ejercicio de sus funciones, sometiéndose a rigurosos códigos de conducta.
Las convenciones y tratados de Derechos Humanos establecen el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos en ellos contemplados. Por tanto, los policías, al ser agentes del Estado, tienen la responsabilidad de mantener el orden, así como la paz y la seguridad, en observancia estricta de la ley y las obligaciones establecidas bajo estándares de derechos humanos. Esto también implica un deber social que todos los ciudadanos estamos llamados a cumplir, el de respetar la ley. De este deber ciudadano poco se habla a pesar de estar establecido como un deber constitucional para con la patria, “respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

En esta misma línea, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nuestros derechos no son ilimitados, que terminan cuando ponen en peligro el derecho a la seguridad de los demás y por “las justas exigencias del bien común”, el cual es garantizado por el servicio público de urgencia que desarrolla la fuerza policial. Sin embargo, tal como lo ha señalado en su informe del año 2003, la Organización Internacional del Trabajo, una de las principales preocupaciones son las condiciones de empleabilidad del sector policial que se encuentra en desventaja en relación con el incremento de la demanda ante la delincuencia y la inseguridad.

Para el periodo 2023, el sector Interior anunció destinar alrededor de 129 millones de soles para la capacitación y perfeccionamiento policial y 407 millones de soles para la salud de nuestros policías. Sin embargo, los que formamos parte de la familia policial sabemos que esos incrementos presupuestales no se reflejan en las condiciones de vida de los efectivos policiales ni en el de sus familias que aún siguen esperando que Saludpol cumpla con la cobertura de servicios de emergencia en todos los establecimientos de la sanidad policial.

Es momento de tomar conciencia que si el Estado no tiene entre sus prioridades darle un trato digno a sus fuerzas policiales, acceso a la salud, remuneración justa y no invierte en su formación especializada ni las dota de la logística necesaria para el cumplimiento de su deber, no solo debilita uno de los pilares del Sistema de Seguridad Nacional sino que desincentiva a los jóvenes de seguir la honorable carrera policial. Ya bastante peso tienen cargando la cruz de los que viven para criminalizarlos y estigmatizar su función.

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