Recuperar la democracia
Vivimos en medio de una polarización marcada por heridas que no han terminado de sanar. De un lado, las provocadas por el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA que causó la pérdida de miles de vidas y una migración forzada, lo cual significó también un impacto económico negativo en los diferentes estratos socioeconómicos, principalmente en el capital humano base de la economía rural de las comunidades. Del otro, las brechas de desigualdad e injusticia social marcadas por un Estado que por décadas ha permanecido ausente e indiferente con la población más pobre, sobre todo con los agricultores que alguna vez creyeron en una reforma agraria que les prometió el sueño de las cooperativas de producción que resultaron en fracaso y el mayor retroceso en productividad en comparación con los demás países de la región en la década de los años 70.
El escenario descrito es el caudal de cultivo perfecto para germinar la semillas de la violencia y del engaño que encuentran terreno fértil en la pobreza y la necesidad. Las promesas de una mejor calidad de vida con una nueva Constitución, nos recuerda el fenómeno constituyente del hermano país de Chile, que empezó como una propuesta de inclusión social y una agenda progresista, que al final no representaba la voluntad de la gran mayoría, según quedó demostrado en la participación electoral masiva en el proceso. Quizás se hubiera logrado mejores resultados con una reforma progresiva del texto constitucional pensando sobre todo en las necesidades prioritarias de los 11 pueblos originarios, que signifiquen una mejora palpable en su calidad de vida.
En nuestro país, la izquierda radical sustenta «la necesidad de una nueva Constitución» en mentiras perversas como que la constitución actual no reconoce la obligación del Estado de invertir presupuesto en la educación pública, cuando una de las últimas modificaciones constitucionales incorpora un mínimo de inversión estatal correspondiente al 6% del PBI. Otra, que no reconoce el derecho al agua potable, cuando el artículo 7-A reconoce este derecho como universal y progresivo así como el deber estatal de garantizarlo. Al final, los que engañan a la población saben que el ejercicio pleno de estos derechos no dependen de la Constitución escrita, sino de una gestión pública responsable y eficiente en sus regiones, muchas veces corroídas por la corrupción.
Para recuperar la democracia, se debe destruir el mito de la «nueva Constitución», el caballo de Troya de la izquierda radical, y esto, aunque muchos lo duden, también implica un compromiso de cambio. Si bien, el Gobierno debe mantenerse firme en su intención de cautelar el orden interno y la seguridad, no debe renunciar a su deber de gestar la agenda pública prioritaria de las principales necesidades de los pueblos del sur. No se trata de dialogar con los subversivos, porque para ellos está la fuerza de la ley, sino de gestos políticos que demuestren una real preocupación del Gobierno por los peruanos cansados del olvido y del abandono.
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