La ONU y su pedido de información

Mas allá del carácter no vinculante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta sirve de base a los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el Perú y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En el sistema de las Naciones Unidas existen una serie de mecanismos de carácter convencional y no convencional que supervisan su implementación y cumplimiento. En ese sentido, las relatorías así como la Oficina del Alto Comisionado investigan, evalúan y verifican la situación de los derechos humanos solicitando información a los Estados en relación con las denuncias que reciben de presuntas víctimas.

A muchos les parece una intromisión que un organismo internacional solicite información al Gobierno peruano en relación con presuntas violaciones de derechos humanos, pero no podemos dejar de lado que el Perú es miembro de esta Organización y que, en virtud a ello, ha celebrado diferentes tratados internacionales que implican no solo derechos sino obligaciones. En ese sentido, los tratados de derechos humanos son fuente de nuestro derecho constitucional.

La Constitución vigente señala la obligatoriedad de su enseñanza en el proceso educativo, la obligación de garantizar su plena vigencia y la interpretación de su contenido dogmático de conformidad a la Declaración Universal y los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, si el Estado incumple o desconoce sus deberes de respeto y garantía estaría vulnerando la Constitución.

Puntos que aclarar: la información solicitada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al gobierno de Boluarte no es una confirmación y menos una sentencia de la responsabilidad del Estado en relación con las denuncias recibidas por organizaciones civiles, sino un requerimiento de información sobre los puntos señalados en las denuncias ciudadanas y una exhortación a llevar a cabo acciones concretas. Si bien no genera un efecto sancionatorio, esta solicitud debería ser vista como una oportunidad de informar las diligencias realizadas y medidas tomadas en el contexto de las protestas violentas. Esto, además, permitirá individualizar las responsabilidades y frenar la estigmatización del rol de las fuerzas del orden en el contexto de violencia que aún vivimos. Así también, servirá como medio probatorio ante las denuncias formuladas contra las autoridades gubernamentales por la presunta comisión del delito de genocidio ante la Corte Penal Internacional.

En el plano político, el Gobierno peruano debe aprovechar mejor su participación en instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, ante el cual se ha presentado la ministra de Relaciones Exteriores en el marco del Examen Periódico Universal, dando cuenta de las acciones que se vienen realizando en torno a la investigación de las muertes, incluyendo la del policía y las de los ciudadanos víctimas de los bloqueos de carretera; dejar en claro la política de puertas abiertas a los representantes de las organismos internacionales para visitas in loco que puedan dar cuenta de los avances en las diligencias. La transparencia y el actuar oportuno son garantía de luchar contra la impunidad y contribuye a neutralizar cualquier intento de desestabilizar al Gobierno.

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