¿Un terrorista resocializado?

Dice la teoría penal: las penas privativas de la libertad cumplen la finalidad de resocializar y reinsertar a la sociedad al penado. En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional se refirió al principio de resocialización estableciendo el deber del Estado de garantizar que el penado realice una serie de actividades en el centro penitenciario que permitan su reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad. Lo desarrollado por el TC está en línea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Perú ha suscrito y que señalan como una finalidad del sistema penitenciario la readaptación social.

Sin embargo, no todos los delitos tienen el mismo impacto social, sobre todo en derechos colectivos como lo son los derechos a la paz y a la seguridad, derechos que nos robó la época del terrorismo en nuestro país. Más de 69 mil peruanos murieron víctimas de la insania terrorista y aún hoy, muchas familias siguen buscando justicia. Muchos condenados por terrorismo lograron la revisión de su sentencia en sede supranacional y hoy están libres. En el 2015, 63 condenados por terrorismo presentaron denuncias ante la CIDH por supuesta vulneración al debido proceso y condiciones carcelarias solicitando reparaciones al Estado peruano, cuando 39 de ellos aún adeudan el pago de las reparaciones civiles a sus víctimas. Solo hasta el 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró una deuda de más de 6,700 millones de soles de sentenciados por terrorismo.

Es importante señalar que el pago íntegro de la reparación civil es un requisito legal para lograr la rehabilitación del condenado, y a su vez es fundamental para su resocialización. De otro lado, tenemos la reeducación social, parte del tratamiento penitenciario, que debe incluir programas formativos y técnicos así como acompañamiento psicológico que logre en los internos el desarrollo de capacidades y aptitudes que lo preparen para retomar la vida en sociedad.

Cabe preguntarnos si la resocialización funciona en nuestro sistema penitenciario cuando vemos a su más reciente producto, Antauro Humala, quien purgó condena por delitos de homicidio y secuestro de policías, haciendo política y apología a la violencia sin un ápice de arrepentimiento. Cómo no recordar lo dicho por Abimael Guzmán al ser capturado, señalando su sien: “Si uno muere, esto queda en los demás, y eso nunca se va a borrar”.

En una reciente sentencia recaída en una demanda de inconstitucionalidad de diversos dispositivos penales relativos a la lucha contra el terrorismo, el TC se pronunció a favor del principio de resocialización devolviéndoles a los rehabilitados por el delito de terrorismo su derecho de participación política y de acceso a la función pública.

Entonces, ahora el reto es para el sistema penitenciario: ¿cómo lograr que la motivación ideológica de un terrorista desaparezca con un sistema penitenciario que no reeduca ni rehabilita?

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