Es fácil advertir cuando nos encontramos ante el desarrollo de una política de Estado y cuando esta no existe, o, aún peor, se ejecuta una anti-política destinada a promover caos e involución social.
Beatriz Mejía Mori
Entre epítetos y adjetivos de caviares, terrucos, violentistas, desestabilizadores, comunistas y utilizadores de protestas ciudadanas con fines políticos, se ha pretendido tapar el sol con un dedo.
La manera en que se viene gobernando el Perú desde el Congreso, sin que haya ninguna reacción por parte del Poder Ejecutivo, que no reclama sus fueros para definir la política criminal, nos ha sumido en un desgobierno promovido por el imperio del poder de quien puede más.
Pasar por una guerra mundial sin darse cuenta de que está pasando es probablemente la alienación más profunda que puede sufrir la mente humana, diseñada para observar, analizar y formar conclusiones de las cosas.
Las epidemias globales, los cambios climáticos y desastres globales, los incendios globales, las migraciones globales, la violencia, terror y muerte globales en las ciudades, que nunca fueron globales, permiten a cualquier mente razonable darse cuenta de que están siendo provocados con métodos y propósitos criminales.
Usando el doble lenguaje de la mentira como verdad, la ONU anunció para el 22 y 23 de septiembre de 2024, la firma del “Pacto por el Futuro”, con 5 objetivos hasta 2045, siendo el quinto: el fortalecimiento de la Gobernanza Global, que no es otra cosa que la imposición del Gobierno Mundial de la ONU, con todas las estructuras, políticas y programas de sujeción de las naciones, sometidas a su do
Fue suficiente, la serie de acciones de guerra contra la población mundial, revestidas de medidas pro salud, vida y supervivencia de la humanidad.
En el planeamiento gubernamental, la visión de país debe ser coherente con las políticas establecidas en los planes y, aún más, con las decisiones políticas que se adoptan. Esta coherencia garantiza una actuación gubernamental sólida. En ausencia de dicha coherencia, nos encontramos ante lo que podría definirse como un desquiciamiento gubernamental.
Inusitado revuelo ocasionó el pedido de oración de la entonces ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, para que los funcionarios públicos no caigan en la tentación de robar, habiendo motivado preocupantes opiniones condenatorias que demuestran la crisis moral y espiritual de una abrumadora mayoría de políticos.
Los proyectos de leyes ejecutores de la Agenda 2030 de la ONU, que se convierten en leyes por voto mayoritario del Pleno del Congreso, evidencian una grave desinformación de la mayoría de congresistas respecto a la realidad de los objetivos de dicha agenda, orientada a la dominación de las naciones bajo un gobierno mundial.
Los discursos, declaraciones y temas de agenda legislativa del Congreso demuestran cómo la mayoría de políticos y altos funcionarios públicos están centrando su atención en la micropolítica nacional.
Con la garantía de la neutralidad política y profesional en el tema, debo evidenciar los graves errores que se vienen cometiendo en la legislación aprobada por el Congreso, la cual transgrede tratados internacionales y la propia legislación interna, vulnerando el orden constitucional.
Hay dos mundos paralelos: el real, que es dirigido por una élite de poder económico que profesa el satanismo, y el virtual o imaginario, creado a través de los medios de comunicación de masas, que le permite dominar a la humanidad a través de gobiernos sometidos a aquella, por corrupción.
El Perú está encerrado en una cápsula de engaños y mentiras, fabricados por una élite que está sometiendo a todo el mundo a una guerra mundial no convencional, usando armas biológicas, electromagnéticas y climáticas, para exterminar dos tercios de la población mundial y tomar dominio económico y político de las naciones.
Mediante Resolución Legislativa No.
La política nacional ha sido cooptada por organizaciones criminales que van desde el narcotráfico hasta las que sirven al fin de tomar dominio del Perú para que organizaciones extranjeras depreden los recursos de la nación.
El proceso legislativo en un régimen democrático de Derecho, tiene por base la consulta social, y la consulta a las entidades del Estado que les corresponde emitir opinión técnica respecto a los proyectos de leyes, en el ámbito de su competencia; por tanto, la dación de una ley es el resultado de la convalidación social de su proyecto.
En el año 1999, realicé una Investigación sobre Acceso a la Justicia en América Latina, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, con financiamiento del BID, y la participación de expertos en administración de justicia de 7 países de América, centrándome en el caso del Perú.